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Antonio Papell

Elecciones anticipadas

Como es conocido, Rajoy recuperará la facultad discrecional de disolver las Cortes y convocar elecciones el 3 de mayo, cuando se cumpla un año de la anterior disolución, que dio paso a las elecciones del 26J de 2016. Así está establecido en el artículo 115 de la Constitución.

No cabe duda de que esta facultad es un arma democrática que el jefe del Ejecutivo de un sistema parlamentario puede blandir en cualquier ocasión, sobre todo cuando está al frente de un gobierno en minoría y necesita utilizarla para presionar sobre los otros grupos políticos. De hecho, cuando la oposición en bloque votó en contra del decreto-ley de reforma de la estiba, lo que supuso su derogación automática, la mayoría popular esgrimió la amenaza, que ha vuelto a sugerirse tras las votaciones contra la “ley mordaza”: en estas condiciones, es difícil gobernar y puede no haber más remedio que llamar a los ciudadanos a las urnas… El riesgo es todavía escaso pero parece evidente que la posibilidad de unas elecciones más o menos anticipadas no puede descartarse, aunque la personalidad de Rajoy, tan aferrada a la previsibilidad, hace difícil imaginar que en algunas circunstancias el presidente del Gobierno pudiera dar el puñetazo sobre la mesa.

La gobernabilidad es, con la actual matemática parlamentaria, complicada, pese a que existe una mayoría de gobierno más o menos sólida de 170 escaños formada por el PP, C’S y Coalición Canaria. La adhesión del PNV suma 175 escaños, y queda a un voto de la mayoría necesaria para aprobar leyes orgánicas. En realidad, el Gobierno sólo puede tener la certeza de que sacará adelante los presupuestos del Estado si cuenta con la complicidad del PSOE. Y el PSOE está, como se sabe, en una inquietante situación de inestabilidad, gobernado por una gestora y en puertas de unas primarias y un congreso.

El problema más consistente que tiene ante sí este gobierno es de elaborar unos presupuestos. En realidad, el Ejecutivo está dispuesto a funcionar este año con la prórroga de los presupuestos de 2016 pero probablemente no se resignaría a ir más allá en estas condiciones, por lo que los presupuestos que persigue realmente aprobar son los de 2018, en el bien entendido de que sería complicado ir más allá sin unas nuevas cuentas públicas. Hay, pues, tiempo de que el PSOE se normalice, si bien una victoria de Pedro Sánchez en las primarias, en absoluto descartable, dificultaría de manera prácticamente insuperable un pacto PP-PSOE de tal naturaleza, que evocaría la gran coalición a la alemana.

Pero no solo cuentan estas referencias estratégicas en la decisión de anticipar las elecciones: es evidente que Rajoy no puede disolver las cámaras cuando el independentismo catalán está haciendo claros preparativos para efectuar una declaración unilateral de independencia a través de la ley de desconexión que preparara con abominable y censurable secretismo. De hecho, esta evidencia implica también al PSOE en un compromiso tácito de estabilidad, que ha de comprometer a todas las instituciones: la cuestión catalana es preferente y las formaciones centrales del espectro, las que han vertebrado toda la etapa democrática, tienen la obligación de supeditar sus intereses a la causa de la integridad territorial.

El resultado de Vistalegre II apoya también la causa de la estabilidad ya que confina a Unidos Podemos en el nicho de la extrema izquierda, con el que el PSOE no ha tenido históricamente relación (el único experimento de esta índole, el pacto del 2000, les estalló en las manos a los firmantes). Esta opción de Pablo Iglesias deja amplio espacio al PSOE en el centro-izquierda, dificulta las coaliciones netamente izquierdistas y en el fondo avanza de nuevo hacia un relativo bipartidismo con dos actores principales y una bisagra que han de soportar sobre sus hombros el peso del Estado.

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