Francisco Pérez de los Cobos ha finalizado su presidencia del Tribunal Constitucional (TC), institución muy discutida en los últimos tiempos. No empezó con buen pie, tanto por haber sido militante de un partido como por las peleas internas del TC en la etapa anterior, básicamente por el recurso del PP contra el estatut de Cataluña cuya sentencia se demoró cuatro largos años. No obstante ha tenido la virtud de buscar siempre el máximo consenso en la toma de decisiones. Sus providencias y sentencias pueden no haber gustado pero el TC no ha vuelto a ser escenario de batallas escandalosas y cruentas.
El miércoles se despidió con un discurso inteligente. No es razonable esperar que el Constitucional pueda ser cauce de solución de graves conflictos como el encaje de Cataluña en España. Citó una sabia frase de Manuel García Pelayo, gran jurista y primer presidente del TC: "Hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero hay otros que solo pueden y debe resolverse por la vía política". Y añadió que el Constitucional no puede resolver todos los problemas que se susciten en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Les toca a los poderes públicos abordar esos problemas mediante el diálogo y la cooperación que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente.
Desde la sentencia del 2014, que anulaba la declaración del Parlamento catalán que decía que Cataluña era "un sujeto político y jurídico soberano", el TC ha ordenado cumplir las leyes pero -al menos su presidente- ha concluido que esa era una obligación inexcusable pero no el camino para solucionar el conflicto.
El encaje de Cataluña es siempre una de las grandes cuestiones que ha dividido a la sociedad. Primero, el PP recurrió en el 2006 un estatuto aprobado en las cámaras españolas y votado ya en Cataluña. Lo pudo hacer porque las trifulcas históricas PP-PSOE llevaron a la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. Luego el independentismo catalán se quiso saltar la Constitución y el TC, a instancias del Gobierno, tuvo que intervenir. Y finalmente el Gobierno ha hecho del recurso continuo al Constitucional su única y exclusiva política para Cataluña.
Y el presidente saliente ha venido a decir que el independentismo erraba al pretender ignorar las leyes pero que el recurso permanente al TC no puede ser la única vía de solucionar el conflicto. Bofetada pues para el separatismo en las últimas sentencias, pero aviso serio al gobierno Rajoy: los graves problemas políticos no tienen solución jurídica sino política.
Es puro sentido común y es triste que se lo tenga que recordar a la derecha española un magistrado de su escudería y al final de su mandato. El mismo jueves el portavoz socialista, Antonio Hernando, pedía que el Gobierno tomara alguna iniciativa ante Cataluña y Rajoy respondía que aportara alguna idea. Incomprensible. Se ha pedido reiteradamente que se abra en el Congreso una comisión, o subcomisión, de estudio de una posible reforma de la Constitución. Puede no ser la solución pero es una fórmula para abordar institucional y razonablemente un problema de primer orden.
La Constitución no es un texto sagrado e intocable, del que no se debe ni plantear su reforma. Es nada más -y nada menos- que un pacto político solemne y con voluntad de permanencia. Puede no llegarse al consenso necesario para cambiarla, pero negarse de entrada a discutirla, argumentando que si se abre la botella pueden salir monstruos peligrosos, no es serio. Los monstruos -el independentismo- ya han surgido al imponer una concepción patrimonialista de la Constitución.
Y por un partido, el PP, hijo de la AP de Fraga, que sólo estuvo parcialmente en el consenso constitucional. Conviene no olvidar que Aznar, siempre tan aficionado a dar lecciones de constitucionalidad, no votó -al igual que Silva Muñoz o Fernández de la Mora- la carta magna del 78.
Pérez de los Cobos, nada sospechoso, ha dado un educado toque de atención al Gobierno Rajoy. ¿Será escuchado?
El populismo pierde en Holanda
ras el triunfo del Brexit en Gran Bretaña y la elección de Donald Trump en Estados Unidos, Europa se enfrentaba este año a tres elecciones en las que el populismo de extrema derecha era una seria amenaza. Primero, las legislativas holandesas del pasado miércoles, donde Geert Wilders, el ultranacionalista que exigía cerrar todas las mezquitas, iba primero en muchas encuestas.
Luego, las presidenciales francesas, donde parece seguro que la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, que quiere que Francia salga del euro, tiene serias posibilidades de ganar la primer vuelta del 23 de abril. Por último, las legislativas alemanas, donde Alternativa por Alemania, antieuro y antiinmigrantes, tiene menos opciones pero puede hacer que la extrema derecha entre, por primera vez desde la segunda guerra mundial, en el parlamento federal.
La primera batalla era la de Holanda. Geert Wilders, como escribí hace quince días, tenía difícil gobernar porque el sistema electoral, proporcional al máximo, favorece el multipartidismo. Las encuestas le daban un 20% y no había partidos dispuestos a aliarse con alguien que se presentaba como el político más extremo y más partidario de expulsar a los inmigrantes de países islámicos. Pero si llegaba el primero toda la política holandesa -y europea- podía quedar condicionada. Y sería una señal muy negativa para las elecciones francesas y alemanas. E incluso para las italianas que deben ser, lo más tarde, en el 2018 y donde los populistas del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte tienen expectativas al alza.
Pero este jueves las capitales europeas respiraron. Wilders no sólo no ganó sino que obtuvo sólo el 13% de los votos y veinte diputados, prácticamente empatado con los democristianos y los liberales de izquierdas de Democracia 66, y muy por detrás de los liberales conservadores del Mark Rutte, el actual primer ministro que pese a que perdió votos logró 33 diputados. Además, el resultado de Wilders es inferior al que logró en el 2010 y al conseguido antes por otro grupo de extrema derecha.
En la izquierda, los laboristas que han gobernado con Rutte han perdido muchos diputados a favor de Democracia 66, la izquierda verde, que ha subido de 4 a 14 escaños, y un pequeño grupo de tres diputados turcos que antes formaban parte del grupo laborista. Es un dato a tener en cuenta.
Pero lo relevante es que la burbuja populista ha sido derrotada en la primera batalla del año con un fuerte aumento de la participación que ha llegado al 82%. La Europa democrática ha superado la primera prueba.
