La Comisión de Venecia ha objetado la última reforma del Tribunal Constitucional (TC), aprobada en solitario por el PP en la pasada legislatura, por la que esta institución ha sido dotada de potestad para sancionar directamente a quienes no cumplan sus sentencias.
Como es conocido, la ley orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, fue aprobada a toda prisa sin apenas debate, y a finales del año pasado el propio TC convalidó la constitucionalidad de la reforma, aunque con el voto particular de tres de los once magistrados. De cualquier modo, la norma no ha sido estrenada todavía porque las actuaciones contra Forcadell han sido encarriladas por la vía penal ordinaria.
La Comisión de Venecia -en realidad, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho- es un órgano asesor del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales. Su principal afán es que los poderes del Estado no dañen las cartas magnas democráticas y mantengan los equilibrios internos. No es vinculante pero tiene bien ganado prestigio. Y en este caso ha manifestado que "no recomienda atribuir tales competencias [ejecutivas] al Tribunal Constitucional". Sin embargo "a la luz de la ausencia de normas europeas comunes en este ámbito, la introducción de tales poderes no contradice estas normas" (es obvio). Pero de cualquier modo, según su opinión, "España debería reconsiderar" el hecho de que el TC ejecute sus propias sentencias con el objetivo de preservar su imagen "de árbitro neutral, de juez de leyes". Por eso expresa sus dudas sobre la pertinencia de las medidas aplicables por el tribunal en tales funciones -suspender de sus funciones a cargos públicos, aplicar multas a individuos e imponer el pago de grandes cantidades- y propone que en casos de incumplimiento "intervengan otros cuerpos del Estado para defender la Constitución".
Gran parte de la opinión de los constitucionalistas españoles está de acuerdo con estas tesis: el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia -la Constitución del 78 lo regula en el Título IX, lejos del Título VI que es el "Del Poder Judicial"- sino un órgano político, que, por añadidura, ha sido provisto históricamente a través de un reparto de puestos entre los grandes partidos por el sistema de cupos, lo que ha acentuado su apariencia de remedo parlamentario. Otorgarle la competencia de ejecutar sus sentencias es, pues, un nuevo y evidente despropósito, que, lejos de servir de arma jurídica frente a los independentistas que tratan de vulnerar la Constitución, les carga de argumentos.
Con el fin de las mayorías absolutas, la precipitada medida peligra: el pasado diciembre, fue tomada en consideración por el Congreso la derogación de la mencionada reforma del TC de 2015, propuesta por el PNV, por 176 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT), 165 en contra (PP y Ciudadanos) y ninguna abstención. Ahora se abre un proceso de "diálogo"" para volver a cambiar la norma, pero el PP no se apea de sus posiciones y seguirá "firme" defendiéndolas, lo que anticipa que el consenso es en realidad imposible. La ley que regula el TC es orgánica, por lo que requiere de una mayoría absoluta (176 escaños) para que pueda ser aprobada su revisión.
La mejor garantía de vigencia de la Constitución es un Tribunal Constitucional prestigioso, y todo indica que tanto la última reforma cuanto el uso insistente del sistema de cupos para repartirse los puestos con criterios de lealtad ideológica contribuyen a todo lo contrario (esperemos que no se cometa ahora otro error de bulto al pactar la presidencia del TC, que debería recaer en el magistrado más prestigioso y no en un hombre de partido). Parece mentira que PP y PSOE no sean conscientes de ello.
