¿Qué piensa usted del bosón de Higgs? ¿Cuál es su opinión acerca de las ondas gravitacionales? ¿Y qué le parece el principio de Le Chatelier sobre el equilibrio químico? La inmensa mayoría de gente -entre la que me incluyo- no sabría qué contestar. ¿Y por qué? Pues porque entendemos que para opinar sobre cuestiones tan especializadas se requiere un mínimo de preparación. Al menos, los años de carrera en física o química. Por esa misma razón, nos parecería absurdo que un periodista o un sociólogo nos encuestara para pulsar la opinión de la calle sobre el bosón de Higgs o el principio de Le Chatelier. Pero resulta que recientemente se ha publicado una encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales gracias a la que sabemos que al 77% de los ciudadanos le parece que ha habido trato de favor a la infanta Cristina por su absolución en el caso Nóos y que al 58% le parece benévola la condena a Urdangarin.
No han sido los únicos; raro es el medio de comunicación que no ha preguntado a lectores, oyentes o telespectadores. Así que una termina por cuestionarse si es que es más digna de tenerse en cuenta la opinión de los legos en derecho que en química. ¿Para qué sirven la carrera más los años de unas durísimas oposiciones a juez, fiscal o inspector de hacienda si cualquiera puede decidir si hay delito o no o si las penas se ajustan a los hechos? El fiscal Horrach recordaba hace unos días en una entrevista que ni la esposa de Millet ni de Montull están sentadas en el banquillo de los acusados por los mismos hechos por los que se juzgó a Cristina de Borbón. Con el agravante de que ellas sí eran administradoras de las sociedades que usaron sus maridos para el desfalco en el caso Palau. No es el único caso. "¿No me comparará su posición e influencia?", le espetaba la periodista, antes de que Horrach le recordara que el derecho penal no está para juzgar posiciones.
La condena a Urdangarin nos parece poca. Y cargamos contra la sentencia sin haberla leído. Pasando por alto, por ejemplo, que por el delito de tráfico de influencias le ha caído un año, que es la pena máxima prevista por la ley. A ver si la indignación deberíamos canalizarla para exigir al legislador -y no al juez- que la endurezca. Porque también podría ser que algo que ver tuviera con que el castigo máximo sea un año que los amigos de quienes hacen las leyes son los únicos que pueden aprovecharse de su cargo para conseguir un beneficio económico. Muy probablemente ni usted ni yo podríamos cometer tráfico de influencias aunque nos lo propusiéramos. Y eso no es culpa ni del fiscal, ni de las magistradas, ni de la sentencia.
Pero eso en este país nos da igual. Menospreciamos los años de preparación y dedicación de los inspectores de hacienda que no ven cooperación en delito fiscal de la infanta, de un fiscal que ha conseguido -junto con José Castro- destapar las cloacas del poder y de las magistradas que se han enfrentado probablemente al juicio más difícil de la historia -por mediático- con la tranquilidad con que nos fumamos un puro. Sólo porque no nos gusta lo que dicen. O no "estamos de acuerdo" sin entender siquiera de qué estamos hablando. A la inmensa mayoría de ese 77% le costaría unas horas de preparación asimilar un razonamiento jurídico medianamente complicado. Pero no queremos que nos lo recuerden. Preferimos pensar que somos opinadores solventes. Y en un país en el que los vecinos de la escalera se llevan los periódicos que en la radio usamos para trabajar exigimos que Urdangarin se pudra en la cárcel. Y -además- inmediatamente. Porque, claro, ninguno de nosotros habría usado una tarjeta black de haberla tenido. Ya es mala suerte que sólo los de arriba sean corruptos.
Seguramente habrá habido errores por parte de todos. Incluso con argumentos jurídicos serios hay desacuerdos. Muchos piensan que la justicia estaría mejor en manos de la turba -que decide qué es libertad de expresión y qué es ofensa- hasta que los imputados fueran ellos. Mientras, afortunadamente, otros se dedican a una labor de investigación silenciosa fuera de horario, a hilar un relato de los hechos a partir de miles de documentos en carritos del Mercadona y testigos, a dejar la cena de Nochebuena para registrar el palacete. Han sido muchos los años de preparación para elaborar un informe tributario, aunque no me guste su resultado. A pesar de ganar mucho menos que en el sector privado, han trabajado bajo presiones políticas y criminales, convivido con los insultos y desprecios incluso a familiares. Han tenido que pedir permiso para llevar armas. Los Castro, Horrach, Carrau, Subirán, Penalva y tantos otros que se dejan la piel. Gracias.
