Era un aniversario con un número poco atractivo en cuanto a conmemoraciones y para muchos fue un 23 de febrero que pasó sin pena ni gloria. Pero si en el aspecto político fue un jueves casi sin actividad ni en el ejecutivo ni en el legislativo, este 23F de 2017 fue muy activo en el terreno judicial. Primero, por las declaraciones sobre la situación de la Fiscalía; segundo, por las disposiciones sobre las condenas del caso Nóos; tercero, por la sentencia del juicio sobre el uso de las tarjetas black.
Al principio de la jornada se recordó en algunos programas de radio y televisión la fecha señalada, muy someramente se habló de aquel lunes de febrero de 1981 y veteranos periodistas mencionaron el intento de golpe de Estado urdido por el general Jaime Milans del Bosch y el teniente coronel Antonio Tejero, entre otros, que tuvo en vilo durante unas quince horas primeramente a los españoles y también a los medios de comunicación. Pero habían transcurrido 36 años y un gran porcentaje del personal no había nacido entonces o era muy joven para enterarse de lo que pasaba y de la trascendencia de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados.
Los medios audiovisuales acudieron en busca del ambiente judicial y su deriva política ante los más de treinta relevos decididos por la Fiscalía General, recientemente relevada, en medio del contencioso sobre la negativa del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), a dimitir y la petición del fiscal, que le acusa de presuntos delitos durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. Hablaron en varios programas el destituido fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, impulsor de las últimas investigaciones contra el presidente murciano, y también quien relevaba a éste, José Luis Díaz Manzaneda, que ya ejercía como fiscal en esa autonomía.
La decisión del nuevo fiscal general, José Manuel Maza, y las declaraciones sobre el caso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, habían levantado la polémica, ya que el político murciano es investigado por presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Al terminar la mañana de ese 23F se dieron a conocer las penas que sentenciaba el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuició a los usuarios de las llamadas tarjetas black distribuidas por Caja Madrid y Bankia.
Los jueces condenaban, entre otros muchos declarados culpables, a los expresidentes Miguel Blesa (seis años de prisión y multa) y Rodrigo Rato (cuatro años de prisión y multa). En total 120 años de cárcel para 65 personas de la élite financiera, entre ellas un exvicepresidente y ministro de Economía del Gobierno de España y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Entre una y otra polémicas en la mañana sobrevolaba la decisión de las jueces del tribunal del caso Nóos de dejar en libertad sin fianza al condenado a seis años y tres meses de prisión por diversos delitos de corrupción Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina, hermana del Rey Felipe VI, que fue absuelta pero sancionada con una multa pecuniaria.
También permitirle al cuñado del monarca mantener el pasaporte, seguir residiendo en Suiza con el único requerimiento de informar a la autoridad judicial si quisiera viajar fuera de la Unión Europea y presentarse ante el juzgado donde se encuentre cada primero de mes. La Fiscalía solicitaba una pena de 19 años y medio para él y 16 años y medio para su socio, Diego Torres, condenado a ocho años y medio y la retirada del pasaporte. Entre otros condenados también está el expresidente balear, Jaume Matas, exministro en el Gobierno de José María Aznar, con más causas pendientes.
La controversia incidía en que las magistradas, para no encarcelar ya a Urdangarín, argumentaban sus "particulares circunstancias" de "sobra conocidas" y sin riesgo de huida por su arraigo social. Para ellas no parece haber habido alarma social ni daño a las instituciones y el arraigo social del condenado se supone estaría en Suiza, país fuera de su jurisdicción y que no pertenece a la Unión Europea. Además, el tribunal menciona en su ¿argumentación? la presunción de inocencia del marido de la Infanta cuando lo acaba de condenar. ¡Decisiones insólitas!
