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Antonio Tarabini

Entrebancs

Antonio Tarabini

Europa no está, ni se le espera (I)

Europa no funciona. Mientras Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, ha lanzado un órdago, no se sabe muy bien a quién va dirigido, en el que nos propone cinco alternativas (pero sin ninguna solución) frente a la crisis que todos sufrimos y que Bruselas y sus instituciones se niega a reconocer y actuar en consecuencia. En el centro, prima la desconfianza y el hastío. En el sur, el resentimiento y la decepción. Su atrincheramiento en el discurso políticamente correcto del "todo va bien" alimenta los populismos y pone en riesgo la democracia. La inacción de la Unión Europea es una práctica de riesgo para la democracia. Los objetivos fundacionales, ahora hace 60 años, se han diluido.

Desde 2008, seis millones más de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en el conjunto de la eurozona. La recuperación iniciada en 2013, tras los años más intensos de la crisis, muestra unos niveles de crecimiento económico raquíticos, con un promedio entre 2013 y 2017 de 1,13% de crecimiento real, por debajo de los índices medios y anuales de los últimos 20 años. La deuda pública total del continente, que alcanzó su máximo histórico en 2014, sigue manteniéndose inusualmente alta. Los resultados económicos obtenidos en la eurozona, también en España, no deben considerarse sino como mediocres. Esta situación de productividad estancada, alto desempleo y una fuerte fractura social puede extenderse en el tiempo y convertirse en estructural si no se atajan las deficiencias del modelo de gobierno económico europeo, cuyos líderes y expertos incansablemente nos repiten que los niveles de bienestar alcanzados no son sostenibles y que es necesario que recibamos menos prestaciones sociales, peor educación, peor salario, peor atención sanitaria. Alegan que, para ser competitivos, tenemos que ser más austeros, esto es, más pobres. Y proponen reformas que se concretan en reflotar la banca privada con fondos públicos, rebajar más si cabe la progresividad de nuestro sistema fiscal, reducir pensiones y prestaciones por desempleo y privatizar, ¡qué ridículo!, lo poco que queda del sector público empresarial cuando realmente lo que pretenden es privatizar la sanidad, la enseñanza y las pensiones. Y presentan sus reformas como la única salida a la crisis. Mientras, la ciudadanía se instala en la desconfianza, el hastío, el resentimiento y la decepción, cuatro emociones que pueden hacer estallar a la Unión Europea si no ponemos remedio con rapidez y determinación.

¿Se está acertando en el diagnóstico de la crisis? ¿Cuál es el problema de fondo? En España, ¿es un exceso de endeudamiento público? No. Nuestra deuda está por debajo de la de Alemania, de la de Francia, de la media europea y es la mitad de la Inglesa o la de los Estados Unidos. ¿Es la crisis bancaria? Ha sido rescatada (con dinero público) y la prima de riesgo sigue subiendo. ¿Es el contagio de Grecia? Han ganado los candidatos de Merkel y la prima de riesgo se dispara. Lo necesario y urgente es recuperar un pacto social por el crecimiento y las reformas que dará mejores resultados que los recortes que se nos impone.España cuenta, todavía hoy, con sectores industriales punteros que hay que promover e internacionalizar. Baleares cuenta, todavía hoy, con un potente sector turístico y de servicios que hay que "reconvertir" en sostenible. La inversión en I+D+i, también en nuestra comunidad, es nuestro pasaporte hacia la economía del conocimiento. Los fondos estructurales y el Banco Europeo de Inversiones deben movilizar recursos en sectores productivos clave. El Banco Central Europeo debe asumir un papel de prestamista de último recurso. Las reformas fiscales deben ser progresivas para proteger la cohesión social.

Insistir en la necesidad de reducir aceleradamente el gasto público no soluciona sino que agrava el problema. La racionalización no está reñida con la prestación de servicios públicos de calidad. La austeridad, esa pobreza inducida, es mera ideología elevada a la categoría de ciencia. La política económica debe centrarse en el reto de movilizar los recursos productivos porque su verdadero objetivo es combatir el paro y la pobreza. Y a la luz de este objetivo, determinadas propuestas se revelan absurdas. Reducir las pensiones, por ejemplo, insinuando que son los pensionistas los responsables de la crisis, no sólo es un atentado contra la justicia, es, también, un error. El gasto de los pensionistas constituye una demanda permanente con efectos anticíclicos que propicia la supervivencia de multitud de sectores. Reducir pensiones es llevar al paro al camarero del bar de la esquina, al del puesto de periódicos y al dependiente del comercio vecino.

Es imprescindible regresar a los objetivos fundacionales de Unión Europea y replantearse qué significa la unión económica y monetaria, y también social. Hoy por hoy, estamos instalados en los miedos de las próximas elecciones en Holanda, Francia y Alemania y, de momento, Europa no está, ni se la espera.

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