Las tribulaciones del poder

Uno de los más destacados, cómo no, Rajoy, el presidente del gobierno. En una entrevista celebrada esta semana en las noticias de la noche de la emisora amiga, Rajoy, emplazado a impulsar la dimisión del investigado presidente de Murcia a instancias de Ciudadanos, ha reiterado, vista la sentencia de Nóos, la necesidad de respetar la presunción de inocencia y cuestionar la literalidad del pacto con C's y del propio compromiso personal del afectado. En contra del pacto que firmaron hace pocos meses y, seguramente espoleados por su mala conciencia respecto a su propia actuación dando de baja del partido a Rita Barberá al ser imputada por el Tribunal Supremo (después se supo que Barberá no había fallecido de un problema cardíaco). Ahora, empujados por los nuevos casos, argumentan (en contra del pacto anticorrupción) que un imputado debe dimitir cuando se abre en su contra juicio oral. Así, Rajoy incurre en una nueva contradicción, pues si un político debe dimitir al abrirse juicio oral, esto mismo supone no respetar la presunción de inocencia, pues la culpabilidad sólo la puede establecer una sentencia firme. Sea como fuere, es a los partidos a quienes corresponde acordar sobre el momento en que un político debe ser apartado de sus responsabilidades, cuidando que no pueda hacerse un mal uso de la acusación popular; en el bien entendido de que no tiene la misma significación la presunción de inocencia para un ciudadano común que para un representante político, que está sometido a la compulsión de la mujer de César, que no sólo tiene que ser honesta, sino que también tiene que parecerlo. Se olvida que la retirada al ser imputado es una medida casi obligada ante la desmesura de la corrupción en España. Y que quien inauguró esta exigencia fue Aznar, afectando a Demetrio Madrid, del PSOE, que posteriormente fue declarado inocente por los tribunales.

A raíz de la imputación de Fernández Ordóñez y Segura, se ha propagado la especie de que las equivocaciones o los errores en ningún caso deberían tener consecuencias penales para sus autores aunque se derivaran de aquéllas graves perjuicios para la economía del país y la calidad de vida de sus habitantes, si no ha habido provecho personal. En una conocida tertulia, Joaquín Leguina, cuya pertenencia al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (como otros privilegiados del Consejo de Estado: Romay Beccaría, Fernández de la vega etc.) le suponía 8.500 euros brutos mensuales (él, indignado, no cesaba de declarar que ingresaba sólo 5.000 euros, no aclarando que eran netos; los sueldos se expresan siempre como brutos), ponía la mano en el fuego por ambos amigos de toda la vida, uno, Fernández Ordóñez, del PSOE de siempre y Segura, que había formado parte de la dirección del PCE. Dijo que lo máximo que habría que esclarecer es si habían incurrido en alguna responsabilidad política. Bueno, uno podría aceptar que, cuando no está clara una situación y hay tantos argumentos de peso a favor o en contra de una decisión, puesto que los responsables políticos no son Casandras que adivinen el futuro, no se les deba inculpar por las consecuencias que el futuro pueda deparar de aquella decisión. Pero en el caso de Bankia, además de los más de 22.000 millones de euros que ha costado de nuestros bolsillos, y de la estafa a miles de inocentes de ciudadanos que invirtieron sus ahorros acudiendo a la salida a bolsa de la entidad, hay que contar, no sólo con la responsabilidad del equipo comandado por Rato y demás conjurados poseedores de las tarjetas black, sino también con los informes de los inspectores del BdE que desaconsejaron por escrito a la superioridad la salida a bolsa de una entidad que, de hecho, estaba quebrada. Todo este desastre y el perjuicio consiguiente no se hubieran producido en la misma medida si los supervisores hubieran cumplido con su obligación. ¿Simplemente se equivocaron? Difícilmente creíble a juzgar por los informes de los inspectores. ¿O atendieron, conculcando la independencia tanto del BdE como de la CNMV, a las presiones procedentes del gobierno de Zapatero, obsesionado con que no le explotara a él el mayor de los escándalos producidos por la politización de las cajas de ahorro? Si éste fuera el caso, sería tremendo que unos y otros se fueran de rositas ante tamañas responsabilidades políticas y penales. Hasta el martes 21 de febrero, PP y PSOE tramaban demorar todo lo posible la comisión investigadora sobre la crisis bancaria, como el PP y el PSOE de Balears que se oponen a una comisión investigadora de la debacle de Sa Nostra. Este martes, no se sabe si por el temor a la opinión pública o por qué otra circunstancia, ambos partidos se han sumado a la inicial iniciativa de Unidos Podemos secundada por C's y ERC de poner en marcha la comisión investigadora.

A esta maniobra exculpatoria se ha sumado ominosamente el diario El País que, en una editorial del día 14 de febrero (san Valentín), de forma vergonzosa, aseguraba que era necesario "ir mucho más allá de los correos electrónicos de los inspectores que desaconsejaban la salida a bolsa de Bankia. La primera obligación de los inspectores era presentar la información a tiempo, dejando constancia escrita y no a través de correos electrónicos". En otro párrafo distinguía entre responsabilidad y culpabilidad, adjudicando esta última al consejo de administración de Bankia y la posible responsabilidad a los supervisores. Finalmente, exhortaba a no hacer análisis apresurados, condenas apresuradas y sin fundamento. Es de un cinismo bochornoso negar la constancia escrita de los correos electrónicos, prueba en innumerables casos judiciales e instrumento de comunicación ordinario en la administración pública, ocultando además la extensión de los mismos, veinte páginas de un informe realizado por los inspectores en tiempo y en forma dentro de los exiguos plazos marcados por la superioridad. Sobre la culpabilidad y la responsabilidad, el discurso es el de la defensa cerrada del poder amigo, en este caso, del PSOE. Es la posverdad, eso que tanto denuncian.