El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) publicaba la semana pasada en este mismo diario un artículo en el que, bajo el título "La automatización y el oligopolio de los carburantes", hacía una serie de juicios de valor cuando menos cuestionables, así como una batería de afirmaciones que no se ajustan a la realidad.
Centrándonos en el artículo al que aludíamos, se preguntaba en el mismo acerca de la autoridad que tiene la CEEES para afirmar, tal y como hice yo mismo en un medio especializado, que "las estaciones desasistidas, sin personal, no tienen cabida en este sector". La respuesta es muy sencilla: la autoridad que nos otorga la ley. Y es que, por muy ufanos que se muestren algunos por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, olvidan en su análisis un par de cuestiones que probablemente usted, amigo lector, considere interesantes.
En primer lugar olvida mencionar que la citada sentencia es recurrible. En segundo término, no se acuerda de mencionar cada una de las comunidades autónomas de nuestro país que han legislado contra las gasolineras desasistidas, motivo que me movió a pronunciar la frase "las estaciones desasistidas, sin personal, no tienen cabida en este sector".
Por eso insisto en que este tipo de instalaciones no tienen cabida en este sector, al menos en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia.
A pesar de ello, en muchas de las comunidades autónomas mencionadas en el párrafo anterior no se cumplen las normas autonómicas aprobadas por sus propios parlamentos autonómicos. Y ése es precisamente el motivo por el cual en los últimos cinco años hay en España alrededor de mil nuevas gasolineras y sin embargo el sector emplea a unos 15.000 trabajadores menos, tal y como han denunciado reiteradamente UGT y CC OO.
Por eso, en este artículo me gustaría aclarar algunos conceptos. Vaya por delante mi respeto y admiración hacia cualquier persona que realiza una inversión y genera empleo, sea del tipo que sea ese empleo. Aclarada esta cuestión, desearía subrayar que la CEEES, organización que tengo el honor de presidir, no pretende echar del mercado a nadie, siempre y cuando se cumplan las normas que los responsables de instalaciones de suministro de carburante al por menor deben observar.
Por ello, seguiremos peleando para que todas las gasolineras cumplan la Ley vigente. Para que no haya instalaciones de suministro de carburante donde alguien pueda repostar fumando, con las luces puestas, con el motor del vehículo arrancado o incluso con un generador encendido y suceda como ya pasó en Rubí (Barcelona), cuando una desatendida acabo arrasada por el fuego por ese motivo. ¿Quién va a evitar este tipo de sucesos si no hay ningún empleado para velar por la seguridad de instalaciones y consumidores?
Mención aparte merece la vulneración de derechos que se produce en las gasolineras desatendidas. Por eso resulta especialmente llamativo que ustedes aludan en su artículo a la Constitución española, cuando en las instalaciones que su asociación defiende se conculca de manera sistemática uno de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna, concretamente en su artículo 14, que estipula que "todos los españoles son iguales".
No parece la mejor manera de garantizar la igualdad hacer que las personas con discapacidad que conduzcan sus propios vehículos no puedan repostar en las instalaciones desatendidas o deban depender de un buen samaritano que les ayude a llenar el depósito de su automóvil. Esos ciudadanos no son de segunda clase y su derecho a desplazarse libremente no puede estar sujeto a la buena voluntad del prójimo. Tienen derecho a vivir con libertad, tal y como han reivindicado en múltiples ocasiones desde Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), a quienes agradecemos su apoyo e información sobre las necesidades que las personas con discapacidades tienen cuando acuden a llenar los depósitos de sus automóviles.
Puede que las gasolineras desatendidas sean legales desde un punto de vista industrial, del mismo modo que puede serlo un coche que cuente con las homologaciones pertinentes. Pero ese vehículo debe ser manejado por una persona que tenga un carné de conducir en vigor. Ahí está la paradoja de las instalaciones que usted defiende: serían legales si nadie las utilizara.
Nuestro objetivo no es mantener una posición de privilegio. De ser así no habríamos recibido el apoyo continuo, expreso y muy significativo de los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, una amplia mayoría de comunidades autónomas y de COCEMFE. Buscamos lograr una concreción de la legislación y una accion responsable por parte de la Administración en la busqueda de su cumplimiento. Queremos saber cuál es el rumbo que toma nuestro sector y queremos seguridad jurídica. Una seguridad jurídica que, por cierto, será buena para todos los actores del mercado, desde los consumidores hasta los empresarios de cualquier tipo. El empeño de la CEEES, en este caso, es para defender los derechos de todas las estaciones sean con servicios o sin ellos.
