Los estibadores son los trabajadores de los puertos que se ocupan del embarque y desembarque de mercancías. De acuerdo con el sistema actual, las compañías estibadoras no pueden contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar. En otras palabras, los estibadores forman un coto cerrado, con salarios anormalmente elevados, que lógicamente afecta a la competencia, produce una elevación de los precios y no es aceptado por la Unión Europea, que exige una inmediata liberalización. De hecho, se han cumplido todos los plazos, y nuestro país está siendo sancionado con 134.000 euros diarios -ya hay 21 millones de euros acumulados-, y el Gobierno se disponer a legislar la desregulación este viernes.
Los estibadores han anunciado ya movilizaciones y huelgas, conscientes de su capacidad de presión, ya que está en su mano paralizar los puertos. Sin embargo, deberían ser conscientes de que están defendiendo un anacronismo y de que antes o después deberán ceder. No tiene sentido este reducto privilegiado del que no disfruta profesión alguna, por lo que lo inteligente sería negociar su desmantelamiento de la manera más suave posible. Todos saldríamos ganando.
