06 de febrero de 2017
06.02.2017
Tribuna

El Ministerio perroflauta y las directrices de control tributario 2017

06.02.2017 | 02:45
El Ministerio perroflauta y las directrices de control tributario 2017

Es comentario común de sectores conservadores tildar de gobiernos de perroflautas a aquellos dirigidos por los nuevos partidos, los llamados "populistas", de los que una crítica reincidente es su incapacidad para gestionar el bien común, así como la facilidad de prohibir y contravenir el normal funcionamiento del mercado. Pues la recientemente publicada directriz general del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017 (BOE 27-01-2017) y resolución DG AEAT 19-01-2017 recoge, en su más pura esencia, la ley de principios fundamentales del movimiento perroflauta.

En esas directrices la Agencia Tributaria avisa, y por tanto no es traidora, que Hacienda deja de ser de todos, como ya nos avanzaron en el Juicio del caso Noos, para convertirse en un sagaz y sibilino detective cuyo objetivo en 2017 es sacar a relucir hasta el último céntimo tributario de contribuyentes y empresas.

No han acabado de enfriar el reciente real decreto 3/2016 y sus "tropecientas" notas aclaratorias, donde en definitiva, se ha recortado sensiblemente las posibilidades de aplazamiento de deudas tributarias de empresas y autónomos para sacar de nuevo la hoz, aún caliente y goteante, para editar este manuscrito.

El documento se subdivide en ocho ámbitos de actuación que van desde la economía sumergida, investigación patrimonial de las personas físicas, la elusión fiscal de las grandes empresas; prestación de servicios profesionales; control de IVA, entre otras, con operaciones directas al consumidor final, etc. Es curioso que el documento presenta un grado de detalle exquisito cuando describe las medidas de actuación a autónomos y empresas, que se pierde en generalidades cuando cita a los grandes sujetos tributarios.

Por destacar algunas medidas en particular, resaltar la implantación del sistema de suministro de información para la gestión del IVA; la especial atención de la titularidad y uso de las tarjetas de crédito; refuerzo sobre la vigilancia del software que posibilite la ocultación de ventas; el intercambio de información tributaria sobre actividades profesionales, llegando incluso al caso que la propia Agencia Tributaria comunique a un contribuyente discrepancias en el gasto imputable a su actividad y su nivel de ingresos.

En definitiva una excelente redacción, gracias a la cual, aquellos sujetos que quisiesen financiar la reforma de la sede en Madrid de su negocio con dinero negro o costearse con tarjetas de crédito de color azabache como gastos de empresa lo que en realidad son sus pomposos gastos privados, entre otras muchas otras registradas tentaciones, las olviden.

* Director de Salomó& Bonet-Godó asesores y doctor en Economía Aplicada

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