Sirva como preámbulo que no conozco a ningún hotelero mallorquín que no tenga una, varias o multitud de viviendas alquiladas en régimen vacacional; también desconozco si los ingresos generados por esta actividad son comunicados al ministerio de Hacienda. Dicho esto, vayamos al tema que nos ocupa: la osadía de la conselleria de Turisme al adentrarse en una competencia que no le corresponde, el arrendamiento de viviendas, con la hábil maniobra de pretender una ley que exija ofrecer servicios a los arrendadores, algo expresamente prohibido por la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Dicho de otra manera, la conselleria dels Hotelers pretende llevar a término una ley ilegal. La originalidad de tan magna empresa bien merece un artículo, máxime cuando parece esconder un claro manifiesto de soberanía balear, un auténtico desafío al Estado español y una declaración de intenciones sin precedentes. A los independentistas mallorquines se nos cae la baba ante el alarde de inteligencia de nuestros políticos subordinados.

Cuando ya se acerca la fecha de botar al consorcio político que antes votamos, nuestros empleados al borde del despido se han precipitado a redactar un anteproyecto que garantice la protección y continuidad empresarial exclusiva de nuestros patricios (el servicio al turista), ante el inminente peligro de que puedan llegar a ser excluidos de la lista Forbes. "Derramarás más lágrimas por las plegarias atendidas que por las desatendidas", dijo Teresa de Jesús plagiando a Truman Capote. Efectivamente, el turismo de calidad que ha traído la iniciativa particular pone en peligro la calidad de vida de nuestros patricios: la desestacionalización, consecuencia del intrusismo plebeyo en negocios de alta alcurnia, obligaría al gran Gremio a ofrecer unos contratos laborales de larga duración expresamente prohibidos por la Forbes y el club Bilderberg.

A partir del momento en que lo ordene nuestro conseller subordinado, aquel arrendador, cuyo inquilino practicante del turismo ose molestar a cualquier vecino, dispondrá de 24 horas para echar a puntapiés del edificio plurifamiliar al indeseable turista, el cual será bien recibido en cualquier hotel de Magalluf, cuyos vecinos han aprendido a transitar sorteando el vómito y aplauden cada vez que un huésped utiliza el balcón en lugar del ascensor. 24 (veinticuatro) es una cifra, para quien lo haya olvidado, que coincide con el número de meses necesario para sacar a un inquilino de larga duración que hubiera adoptado la misma actitud que el anterior, optado por no pagar el alquiler y tomado la vivienda como taller donde llevar a cabo las más disparatadas performances.

A partir de ya, quien quiera que arrende su vivienda a un turista deberá prestar servicio de sábanas y toallas, así como graparse el teléfono móvil en la oreja a perpetuidad. Con esta hábil maniobra del conseller Més llest el alquiler se convierte en alojamiento (en términos legales), quedando desamparados de la LAU todos aquellos propietarios que se hayan apuntado a la bolsa del alquiler vacacional. Podríamos deducir que el arrendamiento, convertido ahora en alojamiento, compite deslealmente con el oficio patricio, puesto que no se le exige tributar con el 10% de IVA correspondiente al sector servicio hotelero. Para descartar semejante aberración, la nueva ley ilegal exige al casero el pago de mil euros o más por cada huésped, cuyo monte recaudado irá a parar a las arcas del Govern, driblando a la Agencia Tributaria en una maniobra sin precedentes. Dicho ardid merece un aplauso, y la posibilidad de que se trate de una declaración de soberanía lo convierte en una obra política maestra. Aprenderán una buena lección en Madrid.

Quedan exentos del cumplimiento de dicha ley los miles de apartamentos que, tras décadas en el mercado vacacional, no precisan de los servicios de Airbnb y páginas webs similares, puesto que contactan con sus amigos turistas vía email o por teléfono año tras año. Los vecinos de Pollença, el municipio con menos hoteles y mayor calidad turística casualidades de la vida serán los más beneficiados por la inminente ley ilegal. Nuestros patricios ya pueden parar de llorar.

* Empresario