El alcalde del municipio de Meco, municipio de la provincia de Madrid de más de diez mil vecinos, desapareció un buen día de su pueblo, estuvo 57 días en un paradero desconocido que se niega a revelar, volvió al despacho y, dos días después, presidió el pleno municipal como si no hubiese sucedido nada.
Cuando se le preguntó por lo que, a todas luces, es un disparate difícil de entender, alegó que se trataba de asuntos personales y que todo se hizo respetando la legalidad porque delegó sus funciones al frente del consistorio en la teniente de alcalde que le seguía en rango municipal. Si se le llamaba por teléfono, el buzón de voz de su móvil respondía algo así como "Hola, muy buenas; no voy a estar operativo un tiempo". Todo, como se ve, muy normal, muy reglamentario y, sobre todo, muy legítimo porque el señor alcalde huido dice que renunció a una parte de su sueldo aunque no detalla a cuánto asciende la rebaja que se autoconcedió.
Supongamos que no estuviésemos hablando de un pueblo y su primera autoridad sino de una fábrica con el responsable al frente. Un buen día ese director no llega a su despacho; sale por piernas sin decir ni por qué ni hasta cuándo y no vuelve antes de pasados más de dos meses. ¿Puede creerse alguien en su sano juicio que el dueño de la empresa, el consejo de administración o quien sea que lleve el control aceptarían en silencio el episodio?
La barbaridad a la que hemos llegado en este país en cuanto a falta de responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos lleva a que lo del pueblo de Meco suceda y no pase de ser una noticia pintoresca. No he leído que ninguna autoridad competente haya abierto una investigación por lo sucedido y menos aún que haya un fiscal o un juez interesados en la saga/fuga del alcalde escapado. A lo que se ve, se puede dejar un cargo que imagino que se prometió o se juró en su momento con el compromiso de ejercerlo; mejor o peor pero en cualquier caso no de manera interina, a salto de mata, huyendo cuando a uno le venga en gana hacerlo y, a mayor abundamiento, recuperando el sillón cuando a uno le parezca oportuno dejar la aventura atrás.
Lo más tremendo del asunto de la irresponsabilidad gratuita es, sin embargo, que no sabemos hasta dónde llega. ¿Podría salir huyendo un gobernador civil, un presidente de la diputación un director general o incluso un ministro sin que suceda nada? ¿Le seguiría pagando la administración, incluso con la rebaja que el propio escapado decida aplicarse, durante varios meses sin hacer ni la más mínima pregunta? Y al volver el prófugo, ¿sería posible que convocase la siguiente reunión de las que haya de presidir sin dar ni la más mínima explicación acerca de a qué se debió el abandono del cargo? Quiero pensar que la respuesta es negativa, que eso sólo pasa en Meco o, mejor aún, siguiendo el ejemplo de Donald Trump, que todo se lo han inventado los periódicos.
