Hace tiempo que se viene advirtiendo de que tras las excelentes cifras de la recuperación laboral en Balears se esconde un problema mayúsculo que limita de manera considerable la estabilidad económica. Es el de la baja calidad, la excesiva temporalidad y la ilegalidad, cuando menos parcial, del empleo que se crea. Estas constantes se vienen desprendiendo de forma reiterada, sin dejar margen a la duda, en los balances de la situación laboral, tanto de los organismos estatales como autonómicos. Son crecientes y han adquirido una proporción tal que al conseller de Trabajo, Iago Negueruela, no le queda más remedio que denunciarlos y marcarse como objetivo más urgente la lucha contra el fraude laboral, con un plantel de inspectores en la calle y la reivindicación del contrato indefinido cuando menos para los empleos estructurales.
Los sindicatos pueden ver con buenos ojos esta táctica dado que UGT clama por un aumento de salarios frente a un beneficio medio de las empresas que se sitúa en el 15% mientras que la devaluación del poder adquisitivo del trabajador ha sido el doble, del 30%. CC OO también insiste en el incremento de salarios y en reforzar la negociación colectiva, pero la CAEB impone cautela porque el crecimiento será más moderado a partir de ahora y la PIMEM rebaja el optimismo ante la evidente temporalidad excesiva. El desamparo mayor viene sin embargo desde la AMPEB, la asociación de parados mayores de 45 años, porque no hallan políticas que les ayuden a salir del atasco en el que se encuentran.
Balears ha logrado recuperar los niveles de empleo previos a la crisis. No solo eso, con 511.600 personas ocupadas en 2016 se ha crecido un 2% con respecto a 2015, lo cual significa alcanzar la cota histórica más alta para esta época del año. Serían cifras brillantes, irrebatibles, si no vinieran muy condicionadas por una bajada de salarios del 5% con respecto a la mejor situación anterior y si, según se desprende también de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el fraude en horas extras trabajaras no adquiriera la proporción del 32,5%. Es, ni más ni menos, que el equivalente a 5.560 empleos a tiempo completo.
Es verdad que el desempleo ha bajado el 19,7%, una tasa superada solo en el resto de España en dos décimas por Murcia, pero todavía hay una alta cifra de parados cuantificada en 81.900 personas y que la tasa de desocupados se queda al final de año en el 18,6% que, con ser una de las más bajas de todo el país, evidencia todavía demasiadas carencias y precariedades porque, aparte del deterioro del empleo existente apuntado antes, no es menos cierto que solo el 24,9% de los parados percibe alguna prestación, que un tercio de ellos lleva más de un año sin empleo y que todavía hay 25.400 familias que tienen a todos sus componentes sin posibilidad efectiva de trabajar. A la situación sociológica y económica le queda mucho trecho para poder ser compatible y normalizarse con la laboral.
