El anterior presidente se enfrentó a la grave inequidad sanitaria del país promulgando en marzo de 2010 una ley, la Affordable Care Act (ACA), más conocida como "Obamacare", bajo premisas con amplio consenso: conservar la salud no es privilegio sino un derecho y el acceso al mejor cuidado debe estar garantizado a un coste asumible para todos, lo que implica participación estatal en porcentajes de hasta un 60% según la capacidad económica de los usuarios que, en cualquier caso, vienen todos ellos obligados a suscribir la oportuna póliza so pena de multa.
La normativa al uso tiene indudables ventajas. Se ha expandido el Medicaid (asistencia a la población con menores recursos) y mejorado la atención por parte de Medicare con reducción del costo; los jóvenes hasta 26 años pueden ser incluidos en el seguro familiar, las empresas deben asegurar a todos sus empleados, ninguna compañía aseguradora podrá establecer diferencias en la cuantía a percibir por cuestión de edad, sexo, patologías previas o, por no seguir y entre otras prestaciones, se facilita el acceso a la contracepción y caso de lactancia materna se dispone del necesario tiempo libre durante la jornada laboral. Desde su implantación, la ACA ha procurado cobertura a más de la mitad de esos casi 50 millones sin seguro alguno, aunque con efectos secundarios que están en la base del rechazo por parte de ciertos sectores y que el partido republicano, ganador de los comicios, representa.
Entre otros inconvenientes, la inversión federal ha precisado de la subida de impuestos sin que se haya alcanzado aún, ni de lejos, la deseable universalidad de unas prestaciones que, sin embargo, han mermado los beneficios en el mercado de la salud. En tal contexto Trump manifestó, ya durante la campaña, su intención de derogar la ley y promover una alternativa que mejore la atención a menor costo. Un nuevo marco great, como anunció: magnífico, pero, ¿para quiénes y en qué plazo?
Respecto a la primera cuestión, revocar la ACA supondría dejar de nuevo a decenas de millones sin cobertura, con el argumento de que la participación económica por parte del Estado es excesiva. Ceder al arbitrio de cada Estado la regulación podría asimismo fomentar la desigualdad, aunque ello no sea óbice para que algunos colectivos sanitarios perciban, con una nueva reglamentación en ciernes, la posibilidad de incrementar sus ingresos al igual que ocurriría con las compañías privadas y en este sentido se han manifestado Aetna o Anthem, por citar algunas de las grandes, que afirman haber perdido buena parte de sus ingresos desde la implantación de la ley, debido al aumento de costes en paralelo a una afiliación mucho menor de la inicialmente prevista.
En un principio, la anunciada supresión de la ACA motivó el explícito desacuerdo de la Asociación Médica Americana (AMA), y los análisis preelectorales mostraban un rechazo mayoritario de los profesionales de la salud (según encuesta publicada por Medscape Medical News, el 55% de los médicos votaron a Clinton y sólo un 26% a Trump), aunque no deje de extrañar que posteriormente la AMA haya respaldado el nombramiento de Tom Price como secretario del departamento de Salud y cabeza visible en las decisiones que puedan adoptarse para modificar sustancialmente, si no abolir, el Obamacare. Se trata de un cirujano ortopédico con ejercicio privado durante veinte años en Atlanta hasta que, en 2005, accedió al Congreso por el Estado de Georgia y, como se ha publicado, es sospechoso de corrupción lo cual, y visto lo que sucede por estos lares, no provoca la menor sorpresa.
En cuanto a la segunda pregunta, sobre los plazos, no parece tan sencillo cambiar la actual normativa para hacer borrón y cuenta nueva. Este mes de enero, el visto bueno de la Cámara de Representantes y Senado han hecho ya posible que el Congreso pudiera plantearse, si no la definitiva supresión de la ACA, modificaciones sustanciales de la misma, pero ello precisará como mínimo de 60 votos en tal sentido, mientras que los Republicanos sólo cuentan con 52 senadores. Es el motivo por el cual, y a pesar de que McConnell su líder en el Senado afirmase el día 8 que el asunto está visto para sentencia, su conmilitón Scalise, en sintonía con una mayoría, apunte que los cambios legislativos de calado para desactivar el Obamacare podrían demorarse un par de años e incluso alguno más.
Sea como fuere, el horizonte de la atención sanitaria está para muchos de los presentes y futuros usuarios cuajado de nubarrones, y la defensa del libre mercado competencia entre las compañías de seguros, privatización de los programas federales? es de prever que ponga en grave riesgo los derechos del enfermo, Tom Price mediante, y su acceso al oportuno cuidado. Con tal perspectiva, el Great que anuncia la Trumpcare no rezará para la población con menos posibles. I que no és great, això?, diríamos de ser nosotros los presuntos implicados.
