El modo en que se ha consumado la expulsión de Xelo Huertas y Montse Seijas de Podemos y la reacción de éstas ha ocasionado una verdadera crisis institucional de antecedentes difíciles. Probablemente haya que remontarse a las forzadas dimisiones de los expresidentes Cañellas y Soler del PP, o a la rebelión de los diputados de este partido, Joan Mari Tur y Joana Aina Vidal, en 1996, para hallar una situación semejante.
Podemos, por lo menos sus dirigentes más significativos, se vanaglorian ahora de su capacidad de reacción para depurar irregularidades de forma rápida y se presentan como ejemplo de solvencia en la entrega de sus miembros al servicio y defensa de los intereses públicos. Es, cuando menos, una interpretación interesada y parcial, porque la crisis permanece abierta y provoca considerables secuelas, no solo en el Pacte de Govern, sino en una institución tan sensible y vital como el Parlament, cuya presidencia personifica, en rango, a la segunda autoridad de Balears.
No se puede olvidar, por otro lado, que el origen del conflicto actual, las presiones por los contratos a favor del científico Daniel Bachiller, también expulsado de Podemos, viene heredado de legislaturas anteriores y por tanto, sea por acción o por omisión, afecta de lleno a todas las fuerzas políticas. Cada una de ellas deberá asumir el grado de responsabilidad que le atañe.
Una de las cosas más llamativas de la deriva activada por Podemos es la rapidez con la que la formación ha sucumbido y ha caído presa de los males de la “vieja política” que ella misma pretende erradicar. Dossiers internos, escuchas, grabaciones, suplantación de firmas y presiones de distinta índole han corroido a un colectivo que ha quedado a la intemperie de su madurez todavía incipiente. La misma comisión de garantías del partido, que avaló las expulsiones de Huertas, Seijas y Bachiller, ha quedado extinguida por los manejos de sus componentes.
Pero, con todo, lo más grave es que Podemos ostenta directamente en Balears, con la presidencia del Parlament, el cargo institucional de mayor rango que ocupa en toda España. Las maniobras de Xelo Huertas por permanecer en el puesto, o cuando menos para dilatar un abandono que viene impuesto por el propio reglamento de la Cámara, dicen poco a su favor y mucho de la insolvencia de todos los afectados para desbloquear una situación de grave crisis institucional. Los ciudadanos de Balears no se merecen ni necesitan este espectáculo que distrae las verdaderas funciones legislativas y de control del Ejecutivo por parte del Parlament. La institución debe ser noticia por las normas que tramita y por sus debates parlamentarios. No tanto por los manejos de estricto interés político de sus diputados y mucho menos de su presidenta.
Es necesario corregir con premura la situación actual. La estabilidad del Pacte de Govern no puede quedar a expensas de si Xelo Huertas torpedea su cese con un recurso de última hora o dañado por el hecho de que el juez llame a declarar a la cúpula de Podemos. La gobernabilidad y el sentido institucional debe permanecer por encima de estas cosas debido a una cuestión esencial, la de que los ciudadanos necesitan y demandan buenas infraestructuras, servicios eficaces, capacidad de gestión y resolución en definitiva. Por eso mismo, todos los esfuerzos del debate no pueden derivarse ahora en exclusiva, como parece ocurrir, sobre si la pureza ideológica de Podemos está en quienes mantienen las riendas de la formación o, por contra, en manos de las expulsadas.
