Los sindicatos hicieron sentir este domingo su débil voz en la calle para arropar mediante la presión las negociaciones ya emprendidas con los empresarios y el Gobierno para recuperar el diálogo social, interrumpido abruptamente por la crisis, cuando el Ejecutivo del PP, arropado por una incuestionable mayoría absoluta, impuso en 2012 una "agresiva" reforma laboral (el adjetivo es del ministro De Guindos) encaminada a contribuir a salvar empresas en dificultades y a facilitar la contratación.
La legislatura actual ha arrancado cuando la crisis ha quedado ya atrás en términos macroeconómicos estamos creciendo por encima del 3%, si bien persiste un paro insoportable en el entorno del 20%, se hacen sentir todavía los efectos dramáticos de la devaluación salarial una parte de los trabajadores no ha superado aún el umbral de pobreza, la calidad del empleo es pésima y los derechos laborales básicos permanecen laminados todavía. Además, el sistema de pensiones ha perdido la sostenibilidad por lo que urge un replanteamiento del modelo en el seno del Pacto de Toledo, en el que también están los agentes sociales.
La nueva legislatura se caracteriza por un gobierno conservador en minoría, que, además de procurarse la estabilidad parlamentaria mediante acuerdos con las fuerzas contiguas, ha tomado ya la iniciativa de recuperar el diálogo social; la ministra Fátima Báñez es persona abierta y dialogante, aunque como es natural se ciñe al proyecto gubernamental. Y, para congraciarse con el sistema de relaciones laborales, el Ejecutivo ha aceptado una subida sin precedentes del salario mínimo, que muestra una predisposición también inédita a revisar las condiciones preexistentes. Lógicamente, los sindicatos han puesto como primera condición para cualquier negociación una revisión de la normativa laboral, a lo que en principio se opone el Gobierno, que no está dispuesto lo ha dicho Rajoy en varias ocasiones a revisar las normas de la pasada legislatura que han demostrado que funcionan.
La reforma laboral vigente, que no es por cierto muy diferente de las de nuestro entorno, presenta sin embargo dos aspectos que deben ser reformados con urgencia. Por una parte, al dar absoluto predominio a los acuerdos de empresa sobre los convenios sectoriales y territoriales, desactiva y destruye la negociación colectiva, que se basa en la presión que pueden ejercer el conjunto de los trabajadores sobre los empresarios. No puede ser, pongamos por caso, que, de forma ilimitada y sin control, un hostelero en dificultades abone salarios de hambre a sus camareras de piso porque de pagarles más peligraría la supervivencia del hotel. Hay que recuperar los convenios de sector.
La otra gran reforma pendiente es la que disuada a los empresarios de encadenar contratos temporales para cubrir una tarea fija. El trabajador actual y futuro no recuperará jamás el concepto de 'seguridad laboral' de antaño, pero hay que conseguir un nuevo equilibrio que dé cierta estabilidad a los jóvenes, de forma que perciban un cierto horizonte vital.
Los viejos sindicatos actuales de clase, incapaces de hacer oír su voz durante toda la crisis y que no supieron gestionar la autonomía política que exigieron en su última etapa, han perdido militancia, fuerza y prestigio, y no han encontrado el discurso ni el lugar adecuado para desenvolverse en el futuro (es lamentable, por ejemplo, que sigan reclamando una banca pública después del desastre de las cajas de ahorros que no les es ajeno). Convendría que estas organizaciones, que ahora compiten con nuevas iniciativas de representación laboral, recapacitaran sobre su papel e intentaran recuperar siquiera en parte las adhesiones perdidas. Mientras tanto, las formaciones políticas progresistas tienen que asumir algunas de las más clásicas exigencias sindicales, en lo tocante a los derechos laborales debilitados y a la necesidad de recuperar al menos las condiciones de igualdad y equilibrio social anteriores a la crisis.
