En nuestro país, y no sólo en el nuestro, las reglas de juego explícitas e implícitas que regían y ordenaban nuestro quehacer político han quedado obsoletas. En España, la alternancia en el poder entre los dos partidos mayoritarios era la norma; a lo más, uno obtenía el gobierno apoyado externamente por alguno de los partidos nacionalistas (el catalán y/o el vasco).
Hoy la realidad política ha cambiado profundamente. Han aparecido dos fuerzas emergentes, Ciudadanos en el arco de la derecha y Podemos en el ámbito de la izquierda. A su vez, los partidos nacionalistas han "profundizado" su soberanismo apostando los catalanes por un referéndum y la independencia, y los vascos, sin renunciar a su objetivo último, se permiten el lujo de negociaciones bilaterales con el gobernante de turno para reforzar y ampliar su estatuto y su "cupo". Ni el PNV ni el nuevo Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDECat), por razones estratégicas distintas, darán apoyos estables; como mucho, soportes puntuales. Esta nueva situación "complica" las posibilidades de formar gobierno y de formalizar acuerdos en un parlamento plural. Difícil será renovar mayorías absolutas. Y tampoco es viable, hoy por hoy, una Gran Coalición. Los partidos clásicos deberán aceptar y aprender a liderar/participar en un gobierno de coalición. A los populares no le es suficiente el apoyo de C's; los socialistas y Podemos no han sabido llegar a acuerdos de mínimos. El resultado es un gobierno del PP en minoría (mal acostumbrado a gobernar con amplia mayoría absoluta), con un C's despechado y desorientado ante el pasotismo de Rajoy hacia Rivera, y con un PSOE "tocado del ala" que tiene reales dificultades para ejercer como oposición (en teoría solo se abstuvo para posibilitar la Investidura, pero?). Y Podemos en busca de su eslabón perdido.
Los populares, con Rajoy al frente, fardan de los éxitos alcanzados durante su gobierno en mayoría absoluta, que han posibilitado una salida correcta de la crisis, con una reactivación económica ejemplar, una creación acelerada de empleo, unas entidades financieras saneadas y abiertas al crédito, una "marca España" de prestigio, y una deuda y déficit (causados por los otros) que ya están bajo control, aunque nos obliguen a continuar con ciertos recortes y/o aumentos de impuestos (¡pelillos a la mar!). Siguiendo su lógica, no hay que modificar nada sustancial: ni la Reforma Laboral, ni la LOMCE, ni replantear seriamente el futuro de las pensiones, ni diseñar y aplicar un nuevo sistema de financiación de las CCAA, ni afrontar una modificación profunda de nuestra Constitución que (entre otros ítems) posibilite encontrar acomodo a Catalunya y el País Vasco. Suma y sigue.
En breve comenzará la primera prueba del algodón: los Presupuestos. Previamente, el pasado jueves el Congreso aprobó el Techo Máximo de Gasto, a cambio de aceptar de muy mal gusto una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional en 2017(lejos todavía de 60% del salario medio como recomienda la Carta Social Europea), al tiempo que también se han convalidado medidas impositivas urgentes. Pero en el borrador de Presupuesto disminuye el gasto social. Para mantener el peso del gasto social en el 12,27% del PIB en 2016, las administraciones deberían gastar el año próximo otros 10.500 millones de euros más en educación, sanidad, empleo, pensiones y protección social. Pero el peso del gasto en educación, sanidad y empleo caerá en medio punto del PIB, del 12,27% estimado para el 2016 al 11,74% en 2017. Si se añaden las pensiones y las políticas sociales de autonomías y ayuntamientos, el peso del gasto social cae casi un punto del PIB, del 29,1% al 28,2%. El debate está servido y Rajoy no tiene garantizado su aprobación sin contrapartidas.
De momento los antecedentes son preocupantes. A Rajoy y Cía. les cuesta comprender y aceptar que no tienen mayoría absoluta. El pleno del Congreso ha aprobado por amplia mayoría la proposición no de ley del PSOE para derogar la reforma laboral del PP. También se aprobó la derogación de la LOMCE. Los populares piensan "bloquear" ambas iniciativas, Rajoy está decidido a llevar cada veto al Tribunal Constitucional. La Constitución permite ese bloqueo sólo si aumenta el gasto presupuestario y, en estos momentos, el Congreso ya le ha pedido a la Moncloa que aporte información más precisa sobre cuatro iniciativas que quiere paralizar: el incremento de las pensiones, la universalización de la asistencia sanitaria, la reducción de tasas judiciales y medidas contra la pobreza energética. En todas estas iniciativas, o el Gobierno argumenta mejor el impacto sobre el presupuesto o la Mesa ignorará el veto.
Es muy posible que la "amenaza" de unas nuevas elecciones (posible a partir de mayo de 2017) sobrevolará de tanto en tanto para "domesticar" a la oposición. Ante tales perspectivas, ¿cuáles son las estrategias y propuestas de la oposición
