El consumo habitual de alcohol entre menores de edad ha adquirido en España una proporción verdaderamente preocupante. La muerte de una niña de 13 años por coma etílico en Madrid es la última expresión de una tragedia que se va repitiendo con demasiada frecuencia tras los botellones de fin de semana.

El V Encuentro Internacional de Expertos en Adicciones, celebrado esta semana en Palma, ha constatado que los efectos del consumo de alcohol, con el 38’9%, ya acaparan el mayor porcentaje de demanda de ayuda, desbancando a otras drogas consideradas más duras. Proyecto Hombre también ha confirmado el incremento de ingestas alcohólicas entre los jóvenes. Hay demasiada facilidad de acceso, baja percepción del riesgo que comporta y excesiva tolerancia social a pesar del claro conocimiento de la toxicidad del alcohol.

Con esta inercia se ha llegado a un punto de difícil retorno, en el que el 60% de jóvenes de 14 años bebe de manera habitual. El problema de la dependencia o la embriaguez afecta ya, en distinto grado, a 4 millones de españoles. La gravedad de la situación tiene muchos signos que la confirman. En Palma mismo, la Policía Local ha detenido este año a 190 conductores por alcoholemia. Solo el pasado mes de octubre, 163 personas dieron positivo, con unas tasas que no comportan delito pero, evidentemente, sí un peligro para el tráfico y la salud. Ahora se acerca Navidad y fin de año. El alcohol volverá a ser uno de los grandes componentes de la fiesta. Habrá más controles en las carreteas, pero el mal de fondo no será atajado de raíz.

Al ser interpelada la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sobre tan grave problemática, el miércoles en el Congreso, avanzó que se trabaja en la preparación de una ley para frenar el consumo de alcohol entre los menores. Se pretende adoptar medidas semejantes a las que se tomaron en su día en contra del tabaco. Se fija el objetivo de evitar la adicción actuando en dos ámbitos, el de la prevención y el de la sensibilización. Para ello se recabará la colaboración de la familia y la escuela y se procurarán alternativas de ocio y tiempo libre. En este sentido, ya descendiendo al terreno práctico, hay que aplaudir la iniciativa emprendida en Llubí donde padres y alumnos del colegio Duran Estrany han organizado una fiesta con la que recabarán fondos para un viaje de estudios, con la condición de que en ella no haya una sola gota de alcohol.

En cambio, resulta reprobable el apoyo implícito, desde la tolerancia, que ofrecen muchos ayuntamientos mallorquines a fiestas juveniles que acaban convirtiéndose en macro botellones y grandes borracheras. Dado que contradecir iniciativas juveniles resulta impopular y arriesgado en términos electorales, todo se da por bueno y aceptable. Pero esta es una premisa errática que distorsiona la función municipal. A los ayuntamientos les corresponde velar por los valores cívicos y sanitarios antes que mirar a otra parte, o a ningún lado, como hacen en la mayoría de los casos cuando hay menores y alcohol de por medio.

Aparte de su afán recaudatorio, la decisión del Consejo de Ministros del viernes, consistente en incluir a las bebidas alcohólicas entre los elementos sujetos a nuevas cargas fiscales, puede tener un efecto disuasor para los consumidores. En cualquier caso, lo irrebatible es que se deben coordinar esfuerzos y medidas entre las instituciones y la sociedad en su conjunto para educar a los menores y apartarlos de la realidad de la droga que constituye el alcohol y las secuelas personales y cívicas que deja su consumo.