El miércoles 30 la correspondiente comisión de investigación del Parlament tomó la declaración a Lluis Segura, Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad hasta que fue cesado por Pilar Costa. La explicación de su cese reveló una escusa de todo punto increíble: La Consellera le acusó de no haberle consultado la decisión de solicitar el archivo de las acusaciones que frente a Jaume Matas se siguen por los casos del piso en el palacete de la calle San Felio y del proyecto del arquitecto Calatrava para la construcción de una ópera en el Paseo Marítimo.
Conozco a Luis Segura desde sus años universitarios en los que incluso tuvimos alguna diferencia. Desde entonces no tengo la más mínima duda de su de su compromiso social, de su preparación académica y de su seriedad profesional; y en mucha mayor medida que muchos de los agentes públicos que han intervenido en estos casos. Sé bien lo que digo.
En el Derecho todo es discutible y casi nada es predecible pero todo lleva a pensar que la decisión de Lluis Segura estaba perfectamente justificada. No hay razón jurídica para continuar con la tramitación de estos casos. Más aún, probablemente jamás hubo razones para abrir su instrucción. Y no cabe tamizar la ausencia de causa penal por el hecho de que el imputado sea Jaume Matas. Si no la hay, no la hay tanto si afecta a Jaume Matas como al lucero del alba. Lluis Segura actuaba como el abogado de la Comunidad y, por ende, ha estado siempre sujeto a una exigencia de rigor jurídico que yo bien quisiera para todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Su decisión de retirar las acusaciones se atuvo a la única razón a la que debía acogerse, es decir al Derecho.
La Constitución establece el derecho a la tutela judicial y la prohibición de encausar a un ciudadano por acciones que no estén tipificadas en el Código Penal. También la Administración de Justicia está obligada a utilizar su dotación presupuestaria de conformidad con el principio de eficacia. Resulta muy difícil imputar indicios penales a Jaume Matas por encomendar un proyecto como el de la ópera antes de un período electoral, por megalómano que fuese. Y si los recursos empleados por Jaume Matas para la compra del piso en el palacete no afectan a los fondos públicos, la permanencia de la Comunidad Autónoma en el procedimiento carece de legitimación legal.
Las críticas declaraciones tanto de Pilar Costa como de Alberto Jarabo responden a una intención espuria: la politización de la administración de justicia. Tan malo es judicializar la política como politizar la justicia. Han primado su móvil electoral sobre la estricta aplicación del Derecho. No se trata de dejar de perseguir la corrupción. Antes al contrario, se trata de perseguirla con la más estricta aplicación del principio de legalidad que debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos, a todos aunque, como en el presente caso, se llame Jaume Matas.
Al cesar a Lluís Segura se ha cometido una injusticia lamentable. No solo con Lluís Segura, también con los ciudadanos de esta Comunidad porque arbitrariamente se nos ha privado de un abogado serio, formado, comprometido y responsable.
* Profesor de Derecho constitucional
