Se han finiquitado aquellos tiempos donde lo previsible era la norma y los caminos por donde transcurrir eran seguros. Ahora sufrimos las consecuencias de la crisis de carácter estructural iniciada en 2008; vivimos y convivimos en una sociedad compleja y cambiante, donde las certezas y las seguridades, individuales y colectivas, son escasas. El lema es el renovado crecimiento de nuestras economías, que inevitablemente crean empleo, y lógicamente (?), si hay trabajo hay consumo y bienestar. Se nos machaca por activa y por pasiva que la crisis sanseacabó, aunque queden tareas pendientes. Pero la realidad nos muestra una sociedad dual y líquida donde una parte relevante de la ciudadanía no percibe en sus carnes los beneficios de la bonanza económica. No es oro todo lo que reluce.
En el último número de Quaderns Gadeso (www.gadeso.org), dedicado al análisis de la confianza de los consumidores, la negatividad y sobre todo la incertidumbre juegan de nuevo un papel importante. Cuando se pide a la ciudadanía que haga una previsión a corto y medio plazo sobre su situación económica: uno de cada cuatro entrevistados asegura que no sabe qué puede pasar a lo largo de 2017, porcentaje que se eleva hasta un 39% si hablamos de 2018, lo que demuestra que una mayoría de la población no ve una salida clara a la crisis y que, en general, desconfía de la efectividad de las impopulares medidas adoptadas (basadas en la austeridad) y los mensajes optimistas lanzados actualmente por el gobierno central .
Además, en la revista también se pide a la ciudadanía cómo ven el futuro laboral de las islas, tanto en la creación de empleo como en las características del mercado laboral isleño. En referencia a la creación de puestos de trabajo durante 2017, el pesimismo parece dominar, pues un 37% de los isleños cree que no se conseguirá crear puestos de trabajo en los próximos 12 meses, frente al 29% que afirma lo contrario. Además, una gran mayoría coincide en calificar los puestos de trabajo que se crean en Balears como precarios y mal pagados, donde la temporalidad y la parcialidad son, cada vez más, la norma. La realidad es que en España, y también en nuestra comunidad, hay personas que cobran menos del salario mínimo por una jornada completa, y no una ni dos, sino son varios miles los jóvenes (y no tan jóvenes) que se encuentran en esa situación. Sin ir más lejos, la última encuesta de Población Activa (EPA) desvela que en las islas hay 69.100 personas que cobran un salario bruto inferior a los 975,5 euros mensuales, lo que supone un 17,2% del total. Aún más, dentro de este colectivo hay 32.800 personas que no superan los 680 euros brutos mensuales, en su inmensa mayoría por contar con contratos a tiempo parcial.
Con todo, nuestra ministra de Empleo, Fátima Báñez, aquella que agradece a la Virgen del Rocío su ayuda "para salir de la crisis", no se lo cree. Ha asegurado en el pleno del Congreso, sin ningún pudor, que "ningún trabajador a jornada completa cobra por debajo del salario mínimo (655,2 euros al mes) porque sería ilegal". Contrasta con la opinión de Antonio Catalán, fundador de los hoteles NH y AC, que afirma sin pelos en la lengua que la mejora sustancial en número de visitantes y en rendimientos empresariales (gracias, en parte, a la inestabilidad política en todo el Mediterráneo sur), no sólo no ha repercutido en los salarios sino todo lo contrario. Antonio Catalá explica claramente como la Reforma Laboral ha permitido despedir a trabajadores fijos para recontratarlos en peores condiciones. Contratos en precario, teóricamente a tiempo parcial pero que en realidad hacen jornada completa, o multitud de horas extraordinarias sin cobrar. Si la ministra del ramo considera que en este país nadie vive (malvive) con menos 655 euros al mes (salario mínimo), no es extraño que el gobierno de Rajoy no tenga prisa en incrementar esa cantidad. En la última reunión, ha propuesto a sindicatos y patronal subirlo gradualmente en 4 u 8 años. Dicho sea de paso, tampoco parece propicio a "revisar" la vigente Reforma Laboral.
Es muy probable que más de uno me considere como un ave de mal agüero y un pesimista empedernido. Nada más lejos de la realidad, pero no pueden negarse las evidencias. Según la OCDE, España es uno de los países con más baja calidad del empleo entre sus estados miembros. Según ese organismo nuestra comunidad está por debajo de los países avanzados en distribución de renta, en economía sumergida, en empleo vulnerable. Y concluye que la causa de nuestra escasa competitividad es el lastre de "su deficiente sostenibilidad social y medio ambiental".
Nuestra Comunidad tiene fortalezas y recursos para "construir" una sociedad menos dual y más cohesionada, donde nuestros jóvenes puedan desarrollar sus expectativas personales y profesionales. Pero este no es el camino.
