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Joaquín Rábago

Trump y el Brexit dificultan la lucha contra los paraísos fiscales

Entonces muchos oímos por primera vez hablar de Mossack Fonseca, el despacho de abogados de ese país que ayudaba a los millonarios a evadir impuestos creando sociedades opacas al fisco.

Salieron a relucir entonces apellidos de la nobleza y la realeza, de empresarios y banqueros, de políticos, deportistas y traficantes de armas y de muchas de esas personas que aparecen con frecuencia en las revistas del corazón.

La indignación que causaron en todo el mundo aquellas filtraciones conseguidas gracias a la labor de un amplio equipo de periodistas de investigación motivó el que los diversos gobiernos se comprometieran a luchar, esta vez en serio, contra los paraísos fiscales.

Que un evasor fiscal como Trump, que además alardea de no haber pagado impuestos, vaya a tomarse en serio esa lucha no parece que vaya a convencer a nadie.

Sobre todo habida cuenta de que precisamente en su país están algunos de esos paraísos fiscales que tanto daño hacen: concretamente en los Estados de Delaware y Wyoming, a los que se han sumado últimamente Nevada y Dakota del Sur.

Pero es que además, desde que los paraísos fiscales tradicionales como Suiza han tenido que poner fin, por presiones de Washington, al secreto bancario, el dinero antes escondido en ellos fluye abundante hacia EEUU.

La razón es muy sencilla: el mismo país, EEUU, que obligó a otros a firmar el acuerdo sobre intercambio automático de información en materia tributaria, es uno de los pocos que no lo han suscrito.

Y ahora bancos internacionales, trusts y gestores de grandes patrimonios dan la espalda a los paraísos fiscales de toda la vida y sientan en los nuevos sus reales.

Y está por otro lado el Reino Unido, que ha intentado desde siempre descafeinar las reglas fiscales adoptadas por la UE porque, cuanto más laxas eran, más le beneficiaban.

Y ahora que el Reino Unido ha decidido dar la espalda a Bruselas, su poderoso sector financiero no dudará en defenderse con uñas y dientes.

Por lo pronto, el Gobierno de Theresa May ha amenazado a sus todavía socios con el dumping fiscal: pretende ofrecer a las empresas allí establecidas los impuestos más bajos de todo el G20. Los británicos, siempre a lo suyo.

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