El artículo 134.6 de la Constitución, contiguo al reformado y sospechoso 135, dispone textualmente que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". La disposición tiene sentido porque parece lógico que, en general, la ley orgánica presupuestaria prevalezca a lo largo del ejercicio sobre las demás iniciativas, pero está bien claro que la norma, incluida en el Título VII, Economía y Hacienda, de la Carta Magna, procura simplemente la disciplina económica, sin que pueda interpretarse como una protección sistémica al gobierno cuando se quede en minoría en el Parlamento.
Es tan evidente que el Gobierno, secundado tan sólo en este asunto por sus 137 diputados, no tiene razón en este caso, que se produciría un gran escándalo si el Constitucional, con clara mayoría conservadora, diera la razón al Ejecutivo. En todo caso, la intentona del Gobierno es significativa porque muestra su disposición a defender con uñas y dientes su ejecutoria anterior, la que desarrolló cuando sí tenía mayoría absoluta.
Por ello, conviene recordar que la ley Wert, una reforma integral del sistema educativo que alteraba los criterios anteriores y pretendía implantar un modelo sesgado e ideologizado, se desacreditó y se volvió inservible no por su contenido, que es evidentemente opinable, sino por su proceso de gestaciopn y alumbramientoo de grestacioque es aprovechable embiaba los criterios anteriores y pretendtucional por loñ que la Mesa delón y alumbramiento. Aquella norma fue aprobada con los únicos votos del PP, sin el apoyo de todas las demás fuerzas políticas y con el rechazo unánime de la comunidad educativa. Es evidente en fin que la imposición de la LOMCE fue un acto de arrogancia sustentado en la mayoría absoluta, condenado a perecer en cuanto esta concluyera, y en las antípodas del pacto escolar que reclama la sociedad de este país desde hace mucho tiempo.
La situación actual del equilibrio parlamentario, a la luz de los incidentes mencionados, es inquietante porque si bien puede entenderse que el PP se oponga a la destrucción sistemática de su obra de gobierno anterior, sí tendrá que aceptar que en numerosos asuntos que gestionó a su antojo en el pasado habrá de someterse ahora a la voluntad de una nueva mayoría en la que tendrá que integrarse. En materia de empleo, en la reforma de la Seguridad Social, en los derroteros futuros de la fiscalidad, o se adapta a las nuevas condiciones o retornará la situación de bloqueo, que forzará a Rajoy a encastillarse o a convocar nuevas elecciones.
