El terrible asesinato de una mujer, Celia Navarro, en Palma esta semana, eleva a seis las víctimas de violencia machista en Baleares en lo que va de año, con lo que 2016 logra el terrible récord del mayor número de crímenes de este tipo desde que comenzaron a recopilarse estadísticas en 2003.
El día antes de la tragedia, en la fachada del Ayuntamiento de Palma se colgó una pancarta contra la violencia machista, dentro de las actividades previstas para conmemorar, el próximo 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia contra las mujeres. Está claro que todo esfuerzo es poco para luchar contra esta lacra de nuestra sociedad, pero resulta inevitable plantearse la pregunta de cómo es posible que vaya en aumento la cifra de asesinatos mientras las iniciativas para atajarlos se multiplican desde hace años.
¿Estamos concibiendo actuaciones verdaderamente eficaces o nos movemos en un bucle que sólo llega a colectivos que están perfectamente concienciados sobre el problema? La gran encuesta estatal realizada en 2015 reflejaba con contundencia que la violencia machista aumentaba en España. Incluso los jueces constatan que las mujeres denuncian menos y que disminuye la concesión de órdenes de protección. Sin olvidar el tremendo dato de que está más que demostrado que las nuevas generaciones reproducen los comportamientos violentos.
Es vital incrementar los fondos públicos y avanzar en resoluciones sobre prevención, protección a las posibles víctimas y alternativas para garantizar su seguridad y su futuro, pero la cruda realidad nos enseña que algo estamos haciendo mal cuando a pesar de los evidentes avances respecto a etapas pasadas, el goteo de víctimas no sólo sigue sino que se incrementa, como desgraciadamente hemos podido ver de nuevo esta semana en León, con otra mujer asesinada y el agravante de que en este caso existía una orden de alejamiento, además de vigilancia y protección por parte de la policía local.
Tenemos cada vez más organismos, más funcionarios, más vídeos, más folletos, más campañas, más marchas cívicas, carteles por las calles y en los organismos públicos, pero las cifras de víctimas suben y el problema de raíz sigue sin resolverse.
Es cierto que se trata de un asunto sumamente complejo, pero la realidad obliga a exigir que se prioricen la reflexión y las alternativas ante un drama que provoca en la sociedad efectos sólo equiparables a los del terrorismo. El Gobierno tiene que situar entre sus primeros retos el avance en la lucha contra la violencia machista. La nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguraba el viernes que el Gobierno está “tomando medidas para que algo así jamás se repita”. Más allá del voluntarismo del mensaje, es imprescindible reducir unas estadísticas que nos deberían avergonzar como sociedad.
La educación en igualdad es vital, pero también la concienciación radical de los organismos judiciales encargados de abordar este problema y de las fuerzas de seguridad que deben prevenir y proteger, y en Balears, por desgracia, tenemos algún comportamiento reciente no precisamente ejemplar, aunque hay que matizar que una actuación lamentable no puede salpicar la imagen de colectivos que realizan tantas otras actuaciones admirables.
Y en el ámbito de la educación, también es imprescindible reflexionar sobre los mensajes inaceptablemente machistas que se toleran en ámbitos que van desde contenidos de Internet o redes sociales hasta programas de televisión de aparente entretenimiento en los que el rol de la mujer es objetivamente humillante.
Educar, prevenir, proteger, orientar, y también aplicar la ley con contundencia, de modo que no sea fácil soslayar las máximas penas posibles para los crímenes machistas.
