Muchas actividades económicas acaban teniendo aspectos opacos que disimulan o esconden la verdadera dimensión de su realidad. En los últimos tiempos, los medios informáticos se han convertido también, tanto de forma intencionada como casual, en un medio eficaz para sortear el control de la norma establecida. La tecnología veloz adelanta, por la parte que más le conviene en cada caso, a una Administración por lo general arcaica y despistada.
Buena parte del boyante alquiler turístico de Mallorca se capta y canaliza a través de páginas web. Son el mejor enlace discreto entre el particular que arrienda y el cliente que busca este hospedaje específico. Si el Govern ha decido cobrar el Impuesto de Turismo Sostenible a todo visitante, en buena lógica debe asegurarse que no se le escape el abultado negocio entre particulares realizado a través de soporte informático. Esta es ahora su intención.
En la que ya se anuncia como pronta regularización del alquiler vacacional, incluyendo a los plurifamiliares que ahora están al margen, se exigirá a las webs que operan sobre la materia que recauden directamente la ecotasa. Es el caso de portales como AirBNB o HomeAway. Ya lo hacen en Barcelona y Nueva York y otras ciudades donde existen tributos semejantes al balear. La intención es clara. Sin la complicidad de las webs y a la vista de la dimensión que ha adquirido el alquiler turístico, resulta harto difícil su control efectivo y también es muy complicado dar a la ecotasa la plena utilidad con que fue creada. Pero no solo eso, la información a la que pueda acceder la Administración relativa al alquiler a través de medios telemáticos, le permitirá poner trabas al negocio en negro, aunque algo de ello ya debe saber, porque cobra la ecotasa a unos 14.000 arrendamientos turísticos que operan al margen de la ley.
Está previsto que la nueva normativa pueda entrar en vigor con la temporada de 2017. El Govern suspira por tener alianzas con páginas webs que sirvan no solo para recaudar la ecotasa, sino para dar cabida a todos los aspectos del alquiler vacacional. Únicamente se autorizará en ellas la presencia de ofertas con número de registro de actividad turística y licencia municipal. En otras palabras, se aceptarán a quien cumpla con los requisitos elementales de calidad y disciplina fiscal y urbanística, siempre sin superar la bolsa de 43.000 plazas disponibles.
Como es sabido, la oferta actual de camas en este ámbito está estimada en 120.000 de las que la mitad cumplirían con los requisitos legales. Quedan todavía dos retos más que se presumen difíciles. Son la identificación de los turistas que se alojan en alquiler, al igual que se hace en los hoteles, y determinar cuál debe ser el papel a desempeñar por las comunidades de vecinos cuando se autorice la estancia en plurifamiliares.
