Como ya sabemos, la decisión de satisfacer las demandas de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos, consolidó la personalidad de la educación social, sin embargo, parece que se divisa un nuevo reto, y es que los derechos, más allá del valor que tienen, obligan a observar la realidad para alertar de su cumplimiento.

La pobreza es un elemento ambiental en el que muchos niños y niñas se ven obligados a crecer, este ambiente físico, social y actitudinal, determina su forma de conducirse por la vida en el futuro. Ahora sabemos también, que más allá de las vicisitudes económicas en la infancia, la pobreza infantil, es aquella situación que impide la participación de los niños y niñas en la esfera comunitaria, cultural y educativa. Se trata de un escenario que compromete claramente sus derechos. En diferentes informes UNICEF advierte que es responsabilidad de las administraciones revertir una situación que obstaculiza gravemente su desarrollo y su salud, así como su futura inclusión social y laboral. Especialmente debe preocuparnos el ciclo de la pobreza, situación que se prolonga más allá de una generación, fruto del desequilibrio entre las necesidades y la disponibilidad de recursos. Según constatan diferentes informes internacionales, la pobreza en la infancia es la principal responsable del fracaso escolar. Está presente en la mayoría de las trayectorias de exclusión, sin embargo, es el desarrollo de conductas no normativas, lo que más preocupa a la población general.

Los estudios son claros, la exposición a la pobreza en las primeras etapas de la vida es una forma deliberada de ejercer la violencia institucional sobre un grupo social cada vez más numeroso, dirigir recursos hacia la prevención obliga a repensar en los efectos que provoca a diferentes niveles y las decisiones que hacen que ésta exista. Se trata de una perspectiva que abordara el problema bajo las directrices de la victimología, para observar en profundidad la desigualdad bajo el paradigma de la violencia ejercida sobre la infancia, como un grupo social vulnerable y sujeto a especial amparo. Este análisis tiene claras implicaciones éticas, ya que España registra una tasa de abandono escolar temprano alrededor del doble de la media de la UE.

El enfoque basado en el ejercicio de la violencia estructural, responde a la necesidad de dar respuestas a las situaciones de violencia que sufre la población infantil, previo al enfoque basado en la vulneración de sus derechos, pues entendemos que es un estado posterior. Los niños y las niñas tienen derecho a recibir la mejor de las atenciones no solo a ser atendidos. Por el momento, el modelo de protección español parece incapaz de atajar el problema, pues mantiene deliberadamente servicios desbordados por demandas crecientes y muchos hogares admiten cubrir sus necesidades básicas con el apoyo de diferentes ONG.

El análisis de los efectos de la precariedad económica sumados a los recortes en educación y atención a la diversidad, explicarían el repunte de la violencia en la esfera pública y familiar, así como nos ayudaría a comprender desde donde se organiza el sistema de valores que configuran la realidad social y jurídica que impide el disfrute de uno de los derechos básicos de la infancia: el ejercicio de la ciudadanía.

* Educadora social y miembro del Movimiento Socioeducativo Elauvo