23 de octubre de 2016
23.10.2016
Editorial

Graves sospechas sobre la anterior gestión municipal en Palma

La Policía ha vuelto a irrumpir en las dependencias del ayuntamiento de Palma para recabar documentación...

23.10.2016 | 02:32

La Policía ha vuelto a irrumpir en las dependencias del ayuntamiento de Palma para recabar documentación sobre contratos y concesiones municipales. En este caso, la operación se ha encaminado hacia el esclarecimiento de la adjudicación de la ORA y ha implicado la detención de una decena de funcionarios, entre los que figuraban varios jefes de departamento y los exregidores del PP Irene San Gil y Gabriel Vallejo.

Una semana de declaraciones ante los investigadores policiales y el instructor judicial se ha saltado con el ingreso en prisión del funcionario que eligió la oferta ganadora de la ORA y del empresario que se la adjudicó. El exregidor Vallejo ha quedado en libertad, pero con cargos. De lo que ha trascendido de una investigación que permanece bajo secreto, se deduce que se trabaja bajo la sospecha de una nueva trama de amaño de concursos públicos al frente de la cual estarían, presuntamente, el diputado del PP, Alvaro Gijón, y el hasta hace poco presidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

Gijón se ha desvinculado de cualquier maniobra turbia ligada al control de los aparcamientos urbanos de Palma y ha anunciado acciones legales contra quienes le involucran en las irregularidades. Pero las sospechas no se desvanecen. El diputado aludido se fue de vacaciones a Formentera con el empresario que obtuvo la concesión de la ORA. De hecho, los investigadores creen que éste, ahora detenido, era un "conseguidor" del PP. Reafirma esta tesis la comprobación de que el mismo empresario era, desde 2002, el adjudicatario de contratos de Cort por valor de unos 50 millones de euros, que afectaban, entre otros servicios, al mantenimiento de semáforos y a las fuentes ornamentales. Queda toda una estructura de negocio y de concesiones municipales por aclarar.

La sucesión de declaraciones que ha habido a lo largo de la semana no ha servido para añadir más luz al caso porque han estado basadas en la evasiva y en el intercambio de acusaciones políticas. Evidentemente, la Policía no ha detenido y tomado declaración a significativos funcionarios y a dos exregidores sin fundamento para hacerlo.

Queda por especificar el verdadero sentido por el cual se otorgó la explotación de la ORA a la UTE que presentó la oferta más elevada y si de ello se han deducido prebendas o comisiones para funcionarios y para el PP. Desde el punto de vista de la buena solvencia de la gestión municipal la inquietud se incrementa porque las nuevas presuntas irregularidades se conocen después de la trama de corrupción y las detenciones que han afectado de lleno a la Policía Local, con ramificaciones específicas en los departamentos de licencias de actividades y obras.

Con todo ello, existe motivo más que suficiente para interpelarse con seriedad si, aparte de cada caso concreto, se está ante una verdadera manipulación de todas las grandes concesiones que ha otorgado Cort. De ser así, significaría la desestructuración interesada de la integridad del entramado administrativo municipal de Palma en beneficio de inconfesables intereses particulares.

No se puede permanecer por más tiempo bajo esta sospecha porque el ayuntamiento de Palma es, ya hoy, en el mejor de los supuestos, un generador de grandes desconfianzas y una fuente de conflictos, cuando su razón de ser está en todo lo contrario, en una buena capacidad de prestar servicio eficaz al ciudadano. Urge la reaparición del exalcalde Isern para dar explicaciones porque las imputaciones actuales arrancan de su mandato. Pero también deben responder, en lo político y personal, quienes tuvieron alguna responsabilidad en ellas.

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