Siempre queda un amplio margen para el engaño y el abuso cuando existe la voluntad de llevarlo a término. Todo depende pues de la intención, primero, y después, de la forma de llevarlo a la práctica. Cuando el fraude, en la forma que sea, se plasma en algún tipo de servicio público o actividad comercial, el consumidor o usuario es el principal perjudicado, pero muchas veces también puede acabar siéndolo la misma Administración.
El abuso y engaño en la explotación de actividades de interés general está demostrando por igual que, con demasiada frecuencia, el monopolio dispone de una gran capacidad de camuflaje y adaptación. Tanta que, si le resulta conveniente, sabe diversificarse en distintas denominaciones pero agruparse bajo un beneficio exclusivo. Entonces, el usuario del servicio está perdido y, caso de alcanzarse, el remedio siempre llega tarde.
Ahora acabamos de descubrir que el monopolio abusivo también puede acomodarse y viajar en autocar. En Balears lo hace. Es la conclusión a la que ha llegado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia después de tres años de investigaciones.
Se estaba investigando a una empresa en concreto y, con la ayuda de ésta para ahorrarse una sanción, se ha acabado desenmascarando todos los males del sector. O, mejor dicho, los grandes trapicheos de los transportistas para alegrar sus bolsillos a costa de daños económicos colectivos. Resulta que, según Competencia, las empresas de transportes de Balears han estado amañando y repartiéndose por igual las rutas de servicio escolar y de excusiones discrecionales. También han pactado precios mínimos de los concursos públicos y de los acuerdos establecidos con la Asociación de Agencias de Viajes. Pero no solo eso, todo ello lo han hecho con la connivencia y el control de la propia Federación de Transporte. Es lo que se llama un cártel, un acuerdo secreto del sector sustentado en la conspiración para repartirse el mercado isleño y fijar precios con la finalidad básica de incrementar beneficios.
Conocidos estos hechos, se entiende de otra forma que desde 2002 la patronal del transporte presionara a la Administración para que aprobara un incremento del 10% en el transporte escolar cuando la recomendación no superaba el 3,5%. La exigencia se hacía bajo advertencia de dejar el concurso desierto.
El grueso de empresas afectadas por la grave acusación de pactar y amañar exclusivas ha presentado alegaciones, pero la Subdirectora de Competencia, Isabel López, sigue proponiendo una sanción del 10% de los beneficios anuales obtenidos. Para realizar una estimación del montante al cual pueden ascender las multas sirve de referencia el hecho de que en 2014 la facturación del transporte discrecional, solo en Mallorca, ascendiera a 100 millones y el escolar, en todo Balears, a algo más de 9 millones. Lo apetitoso del negocio no justifica, sin embargo, el inmenso amaño practicado.
