Nuevo sobresalto con escándalo incorporado. La Policía irrumpió ayer en Cort y el cuartel de Sant Ferran y detuvo a una decena de funcionarios, entre los que se incluyen varios jefes de departamento. Después también arrestó a quienes fueron ediles responsables de Función Pública del equipo de Mateo Isern, Irene San Gil y de movilidad, Gabriel Vallejo. La intervención policial está relacionada con la concesión de la explotación de la ORA que desde mayo de 2013 está en manos de la UTE integrada por las empresas Dormier, API Movilitat S A y Roig Obres, Serveis i Manteniment.
Diluvia sobre mojado. Al ayuntamiento de Palma, empapado de escándalos de corrupción vinculados a investigaciones judiciales que afectan en distinto grado a la Policía Local, no le faltaba otra cosa que esta nueva sacudida monumental con visos de continuar en los próximos días. ¿Qué hay detrás o qué ha motivado las alarmantes detenciones de ayer? Resulta complejo adivinarlo porque las investigaciones que coordinan el juzgado de Instrucción 12, la fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos de la Policía están bajo secreto de sumario. Sin embargo, todo apunta en que se está, otra vez, tras una trama de manipulación interesada al frente de la cual, presuntamente, estarían José Maria Rodríguez y Álvaro Gijón con la percepción de comisiones por la concesión de la ORA.
De hecho, los arrestos de ayer se corresponden con los integrantes de la mesa de contratación de un servicio que en su adjudicación de 2013 ya fue muy controvertido. Acabó en manos de la plica más alta, con 25,4 millones, cuando había otras de hasta tres millones inferiores. La decisión ha sido objeto ya de pleitos administrativos y judiciales.
Tampoco resulta descabellado desvincular las detenciones de ayer de toda la trama de la Policía Local y sus ramificaciones que ya han afectado a las licencias de actividades y obras. Todas estas vertientes parecen desembocar en una mayor que sería, ni más ni menos, el control férreo y nada neutro de las grandes adjudicaciones del ayuntamiento de Palma por parte de Rodríguez y Cort. De confirmarse esta tendencia cada vez más clara significa que la estructura institucional y administrativa de Cort ha estado corroída y dañada en sus mismos cimientos. Ha permanecido ocupada en beneficio del interés particular con desprecio de todo lo público. Es evidente que todavía se pagan las graves consecuencias de ello y de que nadie ha respondido con solvencia.
Ha llegado la hora de la reaparición de Mateo Isern para clarificar qué se hizo y cuánto consintió, aunque fuera por omisión, bajo su alcaldía. También debe hablar el PP sin pretextos de pérdida o renuncia de militancia, porque quienes vuelven a estar en el ojo del huracán actuaban en nombre del partido y se enorgullecían de ello. Cort necesita apuntalar primero, y reforzar después, la dignidad del primer referente palmesano. Y los ciudadanos tienen derecho y necesidad de confiar en su Ayuntamiento.
