Ya estamos más tranquilos. La niña agredida hace unos días en el colegio Anselm Turmeda de Palma no tiene las costillas rotas. Y el riñón está en su sitio. Rectifico, presuntamente agredida, porque casi dos semanas después los hechos aún no están claros. Secreto de sumario y máxima discreción, porque el asunto presenta una extrema complejidad. Quizá sólo se trató de un juego, quizá un poco brusco, sí, pero cosas de chavales. Hay que ser prudente y dejar avanzar la investigación. Inspectores, policías, fiscales? lo fundamental es no precipitarse para no añadir nuevas víctimas, si es que al final el exhaustivo expediente establece que hay alguna. Tras unos días de silenciosa oscuridad, todo un fiscal superior de Balears ha tenido que comparecer ante los medios de comunicación para arrojar algo de luz sobre el caso. No hay responsabilidades penales que dirimir porque los implicados son menores de 14 años, la versión de la familia no es exacta, el parte de lesiones se ha exagerado, los periodistas se han columpiado? Si después de esta sucesión de disparates alguien sigue buscando los motivos por los que la educación pública -en España en general, y en Balears en particular- está hecha unos zorros, mejor que lo deje. Si algo útil se puede extraer de todo este absurdo es que pone el foco sobre alguna de las causas que nos han llevado al fondo del pozo en todos los rankings y estudios sobre educación, nacionales e internacionales.
Nos encontramos ante un ejemplo palmario sobre cómo la sobrerracionalización de un problema complejo lo hace aún más complejo, y nos aleja definitivamente de las soluciones. En esta historia todo se ha desviado fuera del ámbito de la sensatez. Que existan o no fracturas óseas podría tener relevancia a la hora de imponer una condena tras un proceso penal, pero no es eso lo que está en juego. Ni siquiera es lo más importante determinar si se trató de una agresión colectiva, o de un juego violento. Sea lo que sea, una niña de ocho años ha sufrido lesiones físicas y psicológicas en el patio de un colegio público por la actuación de un grupo de niños mayores que ella. El comportamiento de esos niños ha sido como mínimo inadecuado -no me digan que no soy prudente- por varios motivos, pero vamos a centrarnos en dos que no admiten discusión ni siquiera para estos animalitos, y no me refiero sólo a los alumnos. El primero tiene que ver con la evidente superioridad física sobre la niña por cuestión de edad, número y sexo. El segundo tiene que ver con las consecuencias graves de su acción, se trate de una agresión o de un juego.
Un sistema educativo que no enseña nada sobre la responsabilidad individual de los propios actos está abocado al fracaso absoluto. Da igual las leyes, los contenidos, las tablets o los idiomas en que se imparta la enseñanza. Llevo días escuchando a docentes, padres, políticos, sindicalistas y psicólogos invocando la palabra mágica que todo lo resolvería: recursos. O sea, dinero. Para diseñar planes de prevención, contratar más profesores, apoyar a las familias? ¿Quién se atrevería a negar esto? Pero ni todos los euros del Palma Arena y Son Espases serían suficientes sin dos condiciones previas: el sentido común y la voluntad.
El sentido común nos dice que no hay sociabilidad ni formación moral posible sin aprender, cuanto antes mejor, que los actos tienen consecuencias, y que los individuos están obligados a asumir esas consecuencias. Cuando hacen las cosas bien, por supuesto, pero también cuando se equivocan. Hoy pronuncias la palabra castigo en el ámbito de la educación y te miran como a un salvaje. No se rían: por defender esto a mi me han acusado de ser partidario de una educación espartana. Y cuanto más jóvenes son los alumnos, o los hijos, más inmediato debe ser el correctivo, para facilitar la comprensión de la relación causa-efecto. En este caso los agresores, o jugadores violentos, deberían haber sido enviados al rincón de pensar, en sus casas, al día siguiente de la paliza. Y hoy ya deberían estar integrados en las aulas, con la lección aprendida. Seguramente nos hubiéramos evitado gran parte de la polémica, pero la estupidez del buenismo y un garantismo exacerbado nos ha llevado a conducir este asunto como si se tratara del juicio de Nuremberg, y no es eso.
Y luego está la voluntad. Yo no puedo, y no quiero pensar, que una mayoría de docentes miran hacia otro lado, o pasan de puntillas, ante los casos de violencia física o psicológica en los colegios. Pero a esa mayoría que se siente concernida por un problema tan grave y que va en aumento la moderna pedagogía y las sucesivas leyes educativas la han ido vaciando su autoridad frente a los alumnos. Educar sin autoridad es difícil, pero sin hacer autocrítica además es imposible. No sé qué responsabilidad individual sobre los propios actos se les puede enseñar a los alumnos cuando ningún responsable ha asumido el más mínimo error en todo lo sucedido. Según la RAE, decencia es la dignidad en los actos y en las palabras conforme al estado o calidad de las personas. Se mire como se mire, es indecente que dos semanas después del incidente los menores responsables no hayan sido sancionados, y la niña esté en su casa porque no se atreve a ir al colegio.
