Tras el aparatoso golpe de mano socialista, el Partido Popular, que ya había ganado las elecciones el 20D y el 26J, ha vencido también en el terreno de la estrategia que va a conducirle a la formación de gobierno. O, si se prefiere, el PSOE, su adversario natural, aquel con el que ha competido sistemáticamente durante toda la etapa democrática, ha perdido estrepitosamente. Porque si la insuficiencia cuantitativa de la derecha parecía plantearle una incapacidad insalvable para alcanzar el poder, ahora el partido conservador, sin mover un músculo, tiene ya prácticamente asegurados otros cuatro años de gobierno con Rajoy al frente, y sin estar obligado a realizar las concesiones que hubiera debido otorgar para vencer el saldo desfavorable de 180 votos en contra por 170 a favor que arrojaron las votaciones de investidura de Rajoy.
El cambio, producido por el suicidio político de PSOE en el comité federal del pasado sábado, consiste en que ahora los socialistas, que parecían favorables a someterse a unas nuevas elecciones que hubieran resultado probablemente más reñidas había quien auguraba que la cerrada negativa de Sánchez a ceder el poder a la derecha le hubiera resultado rentable en las urnas, ya no pueden correr este riesgo. Primero, porque la imagen del partido ha salido tan deteriorada de la lucha cainita que la caída en el aprecio popular puede ser brutal. Y, segundo, porque, según los vigentes estatutos, el candidato del PSOE a esas nuevas elecciones debería ser elegido en primarias entre la militancia, y de eso no quieren oír hablar los autores del golpe de mano, no fuera a ser que Sánchez ganase de nuevo la nominación. Después de la cuartelada, bien podrían quienes controlan el comité federal saltarse de nuevo las normas y designar a dedo el candidato, pero el escándalo tendría de nuevo un alto precio en votos.
Así las cosas, es lógico que el PP y Rajoy ponderen la conveniencia de hipotecarse ahora aceptando la abstención del PSOE. Porque con el abanico parlamentario surgido del 26J, es claro que el tándem PP-Ciudadanos tendría que gobernar en condiciones difíciles. Las grandes leyes orgánicas, y en particular los presupuestos generales del Estado, se aprobarían con gran dificultad, aunque no estuviese en riesgo la solidez del gobierno porque, como es sabido, la moción de censura del gobierno de la nación es constructiva en nuestra Constitución: no prospera si en la misma votación no se inviste a un candidato alternativo; algo muy difícil, como es evidente, con este parlamento.
En consecuencia, parece lógico que Rajoy dude de la conveniencia de someterse a una nueva investidura contando con la oferta de "abstención técnica" del PSOE (es poco probable que los socialistas acepten condiciones a un gesto que consideran magnánimo). Objetivamente, lo mejor, desde el punto de vista de los intereses del PP, sería acudir a unas terceras elecciones en las que se aprovecharía del desgaste innegable de Ciudadanos, del descrédito del PSOE y de la probable parálisis de Podemos, organización que tampoco está en su mejor momento por los debates internos y por la mejora de la coyuntura socioeconómica, que probablemente habrá reducido la indignación de ciertas capas sociales.
Si la demoscopia avalase esta percepción Arriola se la juega en este asunto el PP podría arriesgarse, no optar Rajoy a la investidura de nuevo y probar fortuna otra vez en las urnas para tratar de conseguir, junto a Ciudadanos, una mayoría absoluta. Si cuajase la idea, se lograría una indudable estabilidad pero se frustrarían todas las opciones de reforma que habría que lograr mediante grandes consensos, que contribuirían a pacificar Cataluña y a llevar a cabo la modernización inaplazable de este país.
