Fue un impacto. Reconozco que escuchar por la radio la voz estrangulada de Maria Antònia Munar desde el banquillo del caso Can Domenge describiendo su actual situación me dejó clavada en el sitio, no recuerdo una impresión sonora semejante desde hace años, tal vez por un exceso de imágenes en mi dieta informativa. ¿Es esa la mujer más poderosa de Mallorca? ¿La que formaba o rompía gobiernos? ¿La que siempre tenía a su alrededor una nube de ciudadanos de toda condición dispuestos a hacerle la rosca a cambio de favores? ¿La que inauguraba a lo grande? ¿La que atendía con generosidad a los suyos a costa de todos los demás? ¿La que acudió a su primer juicio reprochando chulescamente que se le aplicada “la pena del telediario”, una doctora en Leyes muy segura de que no acabaría entre rejas? “Me he pasado toda mi vida luchando por la igualdad y no solo estoy privada de libertad, sino que estoy muerta política, social y económicamente”, dijo el lunes ante el jurado. Resulta muy difícil que una afirmación de esta dureza no conmueva, por mucho que en mi escala de valores la pérdida de la esfera personal y familiar que apareja la cárcel iría antes que lo político, lo social y lo económico que enumeró Munar por ese orden. Es tremendo observar en crudo el dolor ajeno. Hace falta recordar que la expresidenta de Unió Mallorquina se está excusando por reclamar un soborno de cuatro millones de euros a un empresario a cambio de regalarle un trozo suculento de suelo público (“lo siento mucho, pido perdón”), pero que no ha revelado dónde está el dinero. El fiscal Juan Carrau animó al jurado popular a no sentirse coaccionado por el calvario de Munar, “porque son los que se saltan la ley los responsables de ese sufrimiento”. En efecto, deseamos a los encargados de dirimir esta causa en nombre de toda la sociedad que si han sentido alguna empatía por la reo la hayan procesado con precaución, de modo que no se convierta en compasión que les lleve a tratar de aliviar su dolor. La compasión y el afán de resarcimiento los merecemos todos nosotros, contribuyentes estafados a conciencia durante décadas en operaciones pergeñadas en cenas selectas cuando los hoy juzgados eran todopoderosos.
La cárcel es dura. Pues claro, de eso se trata. Si la cárcel fuera equivalente a habitar en un ‘todo incluido’ del norte de Mallorca perdería un pelín su carácter disuasorio. La semana pasada, Margalida Sotomayor, condenada a cinco años por el caso Maquillaje como cooperadora de los delitos cometidos por Munar y Miquel Nadal por dar miles de euros públicos en adjudicaciones a dedo a Vídeo U, relataba en la televisión pública balear el “trato inhumano” que recibe en prisión. Imagino que si se diera un micrófono a cada uno de los internos encerrados en el penal palmesano expresarían algo similar a “nunca pensé que en España se vulnerasen los derechos humanos de la forma que se hace en prisión”, que dijo Sotomayor. Jamás lo sabremos porque no se amplifican las quejas de todos los condenados. Sotomayor nunca pensó que la vida en la trena fuese así de horrible, y Munar jamás imaginó acabar como ha acabado. Quienes nos gobiernan muestran poca tendencia a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos ilegales. Tal vez deberíamos ayudarles. El corte de la voz rota de la expresidenta de Mallorca, “no tengo nada, todos mis bienes están embargados, he entregado hasta la herencia de mi padre” podría sonar por megafonía como un trailer antes de cada sesión parlamentaria, reunión del consejo de gobierno, comisión de urbanismo, cena de notables del partido. Como un recordatorio de que no siempre se cobra. A veces también se paga.
