05 de octubre de 2016
05.10.2016
Tribuna

Una gran oportunidad

05.10.2016 | 02:45
Una gran oportunidad

Si finalmente tuviésemos que ir a unas nuevas elecciones, no sólo sería un fracaso de la clase política, palmariamente inepta en el arte indispensable de la negociación a pesar de hallarse compuesta esencialmente por profesionales del poder. Supondría además una desnaturalización de nuestra democracia representativa, al realizarse una continua apelación al arbitraje del cuerpo electoral, ya ahíto y exhausto. Y sobre todo: se perdería una oportunidad de oro tanto para revitalizar nuestro sistema parlamentario, bastante anémico tras una legislatura (2011-2015) con mayoría absoluta del partido del Gobierno en las dos Cámaras de las Cortes, cuanto para afrontar sólidamente los grandes desafíos que España tiene planteados.

No se trata únicamente, en efecto, de evitar sin más unas terceras elecciones generales consecutivas votando o permitiendo una investidura con la consabida pinza en la nariz. Se trata más bien de articular un pacto de gobernabilidad sobre la base de objetivos reformadores comunes. Las consecuencias de ese pacto en el orden institucional serían muy beneficiosas para la calidad de nuestra democracia: 1) mayor transparencia del Ejecutivo e incremento de la presencia de sus miembros en las Asambleas en permanente disponibilidad informativa y de dación de cuentas; 2) activación del control parlamentario en todas sus formas; y 3) aumento del protagonismo de las Cámaras al traducirse en leyes importantes la política reformista.

Indudablemente, lo ideal sería un gabinete de coalición PP-PSOE-C's, pero hoy por hoy parece imposible, de manera que ya constituiría una hazaña alcanzar un pacto de legislatura entre esas tres fuerzas políticas. También esto, sin embargo, resulta por desgracia bastante improbable. Y el caso es que tanto si el grupo socialista del Congreso vota a favor (cosa que al presente cabe igualmente descartar) como si sus miembros (o una parte de ellos) se limitan a abstenerse en un nuevo trámite de investidura de Mariano Rajoy, el nuevo Gobierno, surgido tras un nefasto año de interinidad, nacería muy debilitado. En esta difícil hora de España, la sola idea de un Gobierno minoritario alumbrado con fórceps y a disgusto y permanentemente vapuleado en el Parlamento por ausencia de un programa compartido debería ser completamente rechazable.

No valen, pues, medias tintas: si el PSOE, sumido para colmo de males en una crisis de liderazgo, resuelve finalmente abstenerse en la próxima votación de investidura de Rajoy, ha de negociar con el PP esa postura. Lo que significa necesariamente pensar más allá de la investidura misma. Por consiguiente, deben pactarse las líneas maestras de los próximos presupuestos y, en consecuencia, de la política económica de la que son expresión. Tienen que negociarse así mismo la protección y mejora de los elementos centrales del Estado del bienestar (sanidad pública universal, pensiones y prestaciones sociales), que en nuestra cultura política ya nadie osa controvertir. Del mismo modo, han de consensuarse los puntos principales de una legislación educativa que jamás debió de ser partidista. Y, claro está, deben pactarse también las medidas específicas de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática. Entre estas últimas se hallaría la supresión de las viciosas cuotas partidarias en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los componentes de los demás órganos constitucionales de garantía. Ciertamente, hay asuntos en los que resultará difícil concordar: la legislación laboral tal vez sea uno de ellos. No obstante, también aquí podría llegarse a un mínimo común denominador si nos atenemos a las pautas del Derecho europeo y de su jurisprudencia.

En la presente coyuntura el problema más grave de España en la medida en que puede poner en riesgo la convivencia civil y la propia existencia del Estado democrático es el de su unidad territorial, fuertemente amenazada por las instituciones catalanas. Creo que la defensa del orden constitucional es compartida por el PP, el PSOE y C's. Pero, con ser mucho, no basta con eso. No sé si los secesionistas son suficientemente conscientes de que, llegado el caso, se hará uso de la coacción estatal en la forma legalmente prevista. Tampoco sé si los tres partidos poseen un mismo grado de determinación al respecto. Y esa determinación es capital, pues la preservación de la integridad del país depende exclusivamente de nosotros mismos, no de Bruselas, Washington o Berlín. Al Gobierno de Mariano Rajoy le ha caracterizado en este asunto la inacción, que es una manera de suicidarse con opio. Sencillamente, ante el desafío de la Generalidad no ha hecho, en el terreno político, absolutamente nada, con lo que la situación resulta en la actualidad sumamente peligrosa. Hace pocas fechas, Artur Mas llamaba a acelerar la secesión ante la debilidad institucional derivada de la prolongada carencia de un Gobierno nacional en plenitud de funciones. Juzgo, en consecuencia, completamente irresponsable el aventurerismo personalista de Pedro Sánchez desde las elecciones de junio.

La negociación es la esencia de la democracia pluralista. La gran oportunidad que el momento histórico nos ofrece es la de una coalición gubernamental o un pacto de legislatura para articular un programa político compartido que revitalice el Parlamento, ordene la economía, reforme el Estado y asegure la unidad del país. PP y C´s han respondido ya a esa convocatoria. Falta ahora una respuesta inteligente del PSOE, a quien le va en ello su propia supervivencia.

*Catedrático de Derecho Constitucional

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