Hoy, domingo 2 de octubre, los colombianos votan en un plebiscito si endosan el acuerdo de paz firmado hace unos días en Cartagena de Indias entre su gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para poner fin a 52 años de una guerra que ha causado 220.000 muertos y seis millones de desplazados internos. Una tragedia tremenda cuyas víctimas no son solo de las FARC sino de grupos paramilitares, de otras bandas criminales y también de la Policía y del Ejército.
Todo tiene su momento y si se ha llegado a la paz ahora es porque al fin de estos años ambos contendientes han llegado al convencimiento de que nunca podrían vencer e imponer sus condiciones a la otra parte. El gobierno sabe que las FARC cuentan aún con casi 10.000 combatientes en zonas remotas donde la población local les apoya y la geografía juega a su favor, y también los guerrilleros saben que no pueden derrocar al gobierno porque no han logrado provocar la revolución popular con la que soñaban en sus inicios comunistas.
El acuerdo prevé una reforma agraria y la devolución a los campesinos de las tierras que les fueron usurpadas y que algunos cálculos estiman en una superficie equivalente a dos Suizas, lo que da una idea de la magnitud del problema. También pretende que los guerrilleros abandonen las armas y se transformen en un partido político, y para lograrlo se les garantiza un salario mínimo y un número mínimo de escaños hasta 2026, si en las urnas no obtienen él mínimo necesario (3%) para entrar en el Congreso. Asimismo se dan garantías de seguridad a quienes entren en política para que no se repita el caso de la Unión Patriótica, un grupo de guerrilleros que se desmovilizaron en los años 90 para participar en política y 4.000 de los cuales fueron asesinados por grupos paramilitares.
Hay un capítulo de drogas para poner fin a esta actividad muy vinculada a la financiación de las FARC, que llegaron a controlar el 70% del cultivo de coca e hicieron acuerdos muy rentables con cárteles mexicanos. Quizás lo más delicado sea el capítulo referido a las víctimas, que exigen justicia y reparación de los daños causados y que rechazan la impunidad. Aquí ha habido que hilar muy fino entre la necesidad de castigar a quienes han cometido crímenes horribles y la de incorporar a los guerrilleros a la vida política, pues nadie negociaría si sabe que su destino es la cárcel. Por eso se les ofrece un trato generoso que tiene precedentes en El Salvador, Uruguay, Brasil o Irlanda del Norte, donde hay antiguos guerrilleros reconvertidos a la política que en algunos casos alcanzaron la presidencia del país. Los últimos capítulos se refieren a la concentración de los guerrilleros desmovilizados en ciertas zonas, el alto el fuego, el desminado, la entrega de las armas etc, así como a los mecanismos de verificación a cargo de las Naciones Unidas.
La paz puede transformar a Colombia, que ya es la tercera economía de Latinoamérica con tasas de crecimiento del 3% anual y un fuerte desarrollo de las clases medias, aunque siga habiendo terribles desigualdades. La paz traerá seguridad y permitirá al Estado volver a estar presente en regiones hasta ahora abandonadas por estar en manos de los guerrilleros, construir escuelas, hospitales y carreteras. La seguridad atraerá inversiones para desarrollar la minería y las prospecciones de hidrocarburos, poniendo en explotación enormes recursos hoy no utilizados o empleados con fines criminales. Incluso permitirá un desarrollo turístico de gran potencial transformador. La paz puede transformar a Colombia.
Pero para eso antes hay que vencer muchos retos, como dónde encontrar los fondos necesarios para concentrar a los guerrilleros y prepararles para la vida civil, mientras se supervisa la entrega de armas y se pone en marcha la reforma agraria. Los Estados Unidos ya han confirmado que ayudarán económicamente y lo mismo ha hecho la Unión Europea. Otras dificultades se refieren al propio cumplimiento de los acuerdos pues algunos guerrilleros encontrarán difícil integrarse en la vida civil y abandonar el lucrativo negocio de la droga. Además hay en Colombia numerosos grupos criminales que pretenden disputarse el lucrativo negocio de la droga que ahora dejan las FARC. Se les conoce como Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) y se dice que están "fichando" a miembros de las FARC desmovilizados a los que les compran tanto armas como rutas de exportación de droga.
A estas dificultades se añade la oposición política del ex presidente Álvaro Uribe, que teme que las cesiones de Santos en la negociación conducirán al país al "castrochavismo" y que no quiere oír hablar de otra paz que no sea la victoria total, sin impunidad y negociando con la guerrilla sobre bases radicalmente diferentes. Uribe arrastra muchos votos pero hay que esperar que no sean suficientes para impedir el acuerdo.
Seguramente este no es el acuerdo que ninguna de las dos partes deseaba pero es el mejor acuerdo posible. Si se aprueba habrá que cumplir con lo acordado, preparar la apertura de negociaciones con el otro grupo insurgente, ELN, y combatir a las BACRIM para evitar que llenen el espacio delictivo que ocupaban las FARC. Nadie dijo que sería fácil y por eso el plebiscito de hoy no será el fin de los problemas sino el principio de otros que abren un camino nuevo para Colombia, un camino preñado de esperanza pero erizado de dificultades, que durará todavía muchos años y en el que no debe faltar el apoyo de España.
