La recusación de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel en el juicio por el caso Gürtel decidida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es una prueba de sensibilidad judicial que sin embargo sienta precedente y complicará toda la larga secuencia de vistas relacionadas con la corrupción que nos aguarda. De momento, se está cuestionando la independencia de la jueza Rosa María Freire, supuestamente relacionada con el PSOE, en el juicio sobre los ordenadores de Bárcenas. Y la designación por la Sala Segunda del Supremo de Cándido Conde Pumpido, quien fue fiscal general del Estado con el PSOE, para investigar a Rita Barberá, provocará seguramente un nuevo intento de recusación? Hay más casos semejantes a la vista.
En el fondo, lo que está en juego es la independencia judicial en un sistema como el nuestro en que miembros del poder judicial van y vienen con frecuencia del Ejecutivo el propio presidente actual del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, fue durante ocho años director general del ministerio de Justicia en tiempos de Aznar y en que el Consejo General del Poder Judicial está formado en la práctica por magistrados de la confianza de los partidos, sin que se atine a buscar un medio de designación que evite esta politización. Tenemos un grave problema con este asunto, en el que lo primer que habría que hacer es cerrar las puertas giratorias: el juez que vaya a la política debería renunciar para siempre a regresar a impartir justicia.
