El llamado "horizonte penal" del Partido Popular se ha aproximado peligrosamente a los ojos de los espectadores y en el peor momento. Porque aunque no es previsible que esa vertiginosa carrera de noticias penosas vaya a influir grandemente en el resultado de la formación política conservadora en las elecciones autonómicas vasca y gallega del día 25, es claro que sí se aleja la posibilidad de que tras este punto de inflexión se incrementen las posibilidades de Rajoy de conseguir la investidura.
El pasado martes, irrumpieron sobre el PP los ecos de diversos episodios que han producido daños difícilmente subsanables: la investigación de Rita Barberá decretada por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y encargada nada menos que al magistrado Cándido Conde Pumpido es un golpe humillante al ya muy atribulado prestigio del PP. Y la noticia llegaba mientras De Guindos fracasaba en su intento de justificar lo injustificable en el caso Soria. También ese día Bárcenas asomaba a la cabeza al retirar su denuncia contra el PP relacionada con la destrucción de sus ordenadores (lo que lanza la idea de que podría haber un pacto); y finalmente saltaba a los medios la información de que el fiscal anticorrupción mallorquín Pedro Horrach estaría a punto de lograr un acuerdo con Matas por el que este confesaría sus delitos a cambio de no ingresar en prisión?
Pero hay aún más incidentes relacionados con esta historia turbia de corrupción en fechas próximas: el próximo día 26, arranca la vista pública del caso de las tarjetas black, que afecta a 65 personas de diversos partidos pero cuyas estrellas son los expresidentes de la entidad Rodrigo Rato y Miguel Blesa, el compañero de pupitre de Aznar. Y para octubre, cuando en teoría debería estar negociándose el nuevo gobierno, arrancará el juicio por el caso Gürtel, el episodio de corrupción que a más personas del entorno del PP involucra y en el que hay peticiones de penas de cárcel que alcanzan los 125 años para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, más de 85 años para el antiguo secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, o más de 42 años para el extesorero Luis Bárcenas. La lista de testigos que tendrán que declarar en la causa es espectacular, y augura una gran repercusión mediática. En este final de año terminarán las instrucciones de otros procesos resonantes, como el caso Púnica o el caso Bárcenas?
En este marco, es visible la incomodidad de Ciudadanos, partido para el que la regeneración política es una de sus principales razones de ser, y que ve la gran dificultad que supone mantener un acuerdo anticorrupción con un partido tan profundamente afectado por el problema. Pero sobre todo es cada vez más difícil que el PP pueda aspirar a nuevos apoyos. Los sectores socialistas que opinan que el PSOE debería permitir gentilmente gobernar al PP se encuentran con cada vez manos argumentos, y en cambio Sánchez se fortalece porque sabe que si sometiera la cuestión a la militancia, obtendría un apoyo masivo a la no colaboración con Rajoy. Y tampoco es imaginable que el PNV, que está en un buen momento, acceda a un pacto difícilmente inteligible. Ni que la antigua CDC se plantee siquiera la posibilidad de salir en ayuda de una formación que, más allá del contencioso de fondo, tampoco ha demostrado sensibilidad ni voluntad de pacto en el tratamiento político del conflicto.
En estas circunstancias, las terceras elecciones parecen inevitables, y la incógnita estriba en cómo procesará el electorado todo el cúmulo de nueva información que ha adquirido desde el pasado 26J. Todo puede ocurrir este 18D en que previsiblemente iremos de nuevo a las urnas.
