No hay paños calientes que puedan aliviar los efectos de la disparatada decisión de proponer al exministro José Manuel Soria director general del Banco Mundial (BM), y de anunciar por añadidura el dislate minutos después del fracaso de la moción de investidura de Rajoy, durante la cual se puso en duda la capacidad del Partido Popular para escaparse de las redes de corrupción que lo han atenazado en los últimos años, y el propio candidato tuvo que aceptar un humillante pacto explícito con Ciudadanos en el que se le imponían condiciones estrictas en esta materia para asegurar que no habría más episodios contra la integridad moral de la política.
No son necesarios grandes circunloquios para entenderlo: Soria, un personaje sin antecedentes pese a que en su etapa regional estuvo cerca del ojo de huracán de la corrupción urbanística, que costó la carrera política a su hermano Luis, tuvo que dimitir del ministerio de Industria porque se contradijo reiteradamente cuando trató de explicar las relaciones de las empresas familiares con el paraíso fiscal de Panamá. Se apartó del Ministerio pero también del escaño y de sus cargos políticos del PP canario. Pues bien: si aquella vinculación lo inhabilitaba para formar parte del gobierno y del parlamento españoles, con mayor razón debería impedirle representar a España en una institución económica supranacional como el BM? Máxime cuando el nombramiento de un español para un cargo de responsabilidad en este organismo será observado minuciosamente por toda la comunidad internacional después de saberse que Rodrigo Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional la otra gran institución de Bretton Woods, que dio una incomprensible espantada a mitad de mandato, está hoy encausado en gravísimos casos de corrupción en España.
El absolutamente incierto que el nombramiento sea meramente administrativo y que Economía no hayan tenido más remedio que aceptar su candidatura. La comisión que lo seleccionó está formada por los altos cargos del Ministerio, nombrados por De Guindos y existe además jurisprudencia al respecto. El Confidencial ha relatado que cuando el diplomático Juan Pablo de Laiglesia, que acababa de ser secretario de Estado de Exteriores, recurrió la negativa del ministro Margallo a ser cónsul en Roma, la Audiencia Nacional dio la razón al Gobierno: argumentó en julio de 2014 que estos puestos operan bajo "el principio de confianza ministerial". La sentencia señalaba que dicho criterio es aplicable a las embajadas, pero también a los cargos en el exterior de técnicos y economistas del Estado y otros funcionarios en las embajadas: "Así ocurre tanto en la provisión de puestos de los funcionarios de la carrera diplomática como el de los consejeros sectoriales que los departamentos ministeriales tienen adscritos a las embajadas", al tratarse de puestos de "especial responsabilidad y confianza".
De nuevo se advierte que el PP no es capaz de interpretar cabalmente lo que es y lo que no es corrupción: al defender que Soria está "limpio" ya que no se halla imputado en causa alguna, demuestra que no acaba de interiorizar que la idoneidad política y la propiedad o impropiedad de determinadas actuaciones de personajes públicos no guardan necesariamente relación con el Código Penal. Soria no es el candidato apropiado para representar a España en el BM por su propia biografía política, lo que no significa condenarle al ostracismo: tiene un campo ilimitado de oportunidades profesionales, públicas y privadas, que no requieran la voluntad discrecional del gobierno del Estado.
De nuevo parece oportuno recordar el tino de Montesquieu, cuando manifestó que "no son sólo los crímenes los que destruyen la virtud, sino también las negligencias, las faltas, una cierta tibieza en el amor de la patria, los ejemplos peligrosos, las simientes de corrupción; aquello que no vulnera las leyes, pero las elude; lo que no las destruye, pero las debilita".
