La imagen no puede ser más gráfica. Lo dice todo. Le sobra cualquier complemento o soporte. Basta describirla para dejar las cosas claras, decepcionarse una vez más y ratificar cómo se han hecho y quien sabe si se siguen haciendo, las cosas entre determinados sectores de la política y la empresa en esta tierra. Lo ha descubierto el juez Castro en la pieza separada de cola, la 28, del Palma Arena.
Un empresario mallorquín, ya fallecido, saca dinero de una oficina de Sa Nostra la caja que hipotecó sin remisión sus principios y lo traslada a otra de la misma entidad en una mochila para que sea prestado a otro empresario gallego que a su vez lo regala al PP, no a cambio de nada, lo hace con la intención de beneficiarse de pelotazos urbanísticos. A medida que se han ido conociendo los hechos, ninguno de los principales afectados parece alterarse. Antonio Pinal, el dueño de Bruesa y actor principal de la operación como aportador del dinero, calla ante el juez cuando es llamado a declarar. El PP también guarda silencio y deja que transcurra la investigación bajo el genérico del respeto a la acción de la Justicia. Sí, los tribunales deben hacer su trabajo, pero para que las cosas cambien y lo público sea de todos y en beneficio de todos, también resulta imprescindible que quienes ocupan las instituciones y quienes trabajan para ellas lo hagan a partir del interés general y de la igualdad de oportunidades. Obvio, elemental, pero más infrecuente de lo deseable.
Antonio Pinal, presuntamente, regaló 600.000 euros para la sede del PP de Palau Reial en Palma. Solo hay obsequios cuando el receptor los admite. O los provoca. El dueño de Bruesa recurrió a Pérez Ruiz un préstamo nunca devuelto como fuente de financiación opaca en beneficio del PP porque soñaba con el pelotazo no consumado de los terrenos de los antiguos acuartelamientos de Son Busquets y Automóviles y porque aspiraba a compensaciones por no haber ganado la reforma de sa Gerreria.
Javier Rodrigo de Santos, testigo en esta pieza, aportó datos clave de la operación realizada. También ha sido determinante el trabajo del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Otro testigo, Luis Bárcenas, indica que la financiación en negro, por vía de Bruesa, puede haberse hecho extensiva a la sede del PP en el País Vasco. En el caso de Palma ha bastado una mochila o, mejor dicho, su contenido. El dinero negro sobre la espalda de un portador de confianza para sortear vías legales y fiscales. También para camuflar la falta de honradez y maquillar la vergüenza. La política y la economía de mochila no son reconocibles. Ni admisibles. El drama está en que permanecen vigentes.
