La votación del miércoles abrió el plazo de dos meses que el muy imperfecto art. 99 de la Constitución otorga para conseguir la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, transcurrido el cual el propio Rey, con el refrendo de la presidenta de las Cortes, deberá disolver el parlamento y convocar elecciones. En teoría, hay, pues, tiempo sobrado para encontrar una fórmula de gobernabilidad, entre un abanico de opciones, para evitar una tercera consulta al electorado, que podría no ser resolutiva si sus resultados se parecieran, como por otra parte parece lógico que ocurra, a los del 20D y el 26J.
Tras la rotundidad de Sánchez en su no a Rajoy, hay pocas posibilidades de que el PSOE cambie de actitud y acceda a abstenerse, con o sin condiciones, para que gobierne Rajoy, en una nueva tentativa de investidura. Siempre cabría la posibilidad de que, ante presiones internas, Sánchez cediera el testigo a otro líder que siguiera el rumbo marcado, entre otros, por Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero, pero esta opción tropieza con la evidencia de que tanto la militancia como el electorado socialista no están en absoluto de acuerdo con ella, según aseguran las encuestas más fiables.
Una segunda posibilidad, cuando menos teórica, consistiría en que Mariano Rajoy y el Partido Popular decidieran cambiar de candidato a la investidura. Otra persona designada por los órganos competentes del partido conservador encontraría sin duda más facilidades para generar consenso, entre otras razones de peso porque ya no soportaría la carga de responsabilidad de haber ostentado el liderazgo popular desde 2004. Es evidente que el PP tiene en su seno personalidades que podrían desempeñar este cometido con brillantez, pero es lógico pensar que ni Rajoy aceptaría esta solución ni su partido se plegaría a una fórmula que les parecería injusta y arbitraria, dado el hecho incontrovertible de que el PP subió un 4,3% y 14 escaños entre las dos últimas elecciones generales.
La tercera fórmula sería un gobierno alternativo al PP. Descartado por absurdo el modelo Frankestein formado por PSOE, Unidos Podemos y las minorías nacionalistas, la única hipótesis sería la constituida por PSOE, UP y C's, que parece hoy extraordinariamente lejana si no imposible. La desconfianza del PSOE con respecto a UP y la incompatibilidad entre UP y C's obliga a manifestar gran escepticismo sobre esta solución.
La cuarta fórmula sería la de un candidato independiente, la solución Monti, difícil de implementar por la falta de confianza e incluso de relación entre las organizaciones políticas. La propuesta habría de ser formulada por el jefe del Estado, pero después de una ronda de consultas que garantizase su aceptación por la mayoría. En otras palabras, el Monti español tendría que provenir de un consenso político entre los partidos, que deberían elevar la propuesta al Rey para que este la adoptase oficialmente. El presidente independiente tendría que cumplir un encargo concreto y a plazo fijo, que consistiría en dirigir la reforma constitucional que incluiría la reforma del art. 99 para facilitar la gobernabilidad futura, y la búsqueda de un consenso sobre el Título VIII en dirección federal, la reforma de la ley electoral y la consecución de una serie de pactos, todo ello en el plazo de unos dos años, transcurridos los cuales se celebrarían elecciones para recuperar la normalidad institucional.
Ya se sabe que todas estas opciones son complejas, difíciles de implementar, pero no necesariamente son peores que unas nuevas elecciones, que demostrarían una gran impotencia por parte del establishment e irritarían a una opinión pública que ya tiene escaso aprecio a lo institucional y lo público. Tiempo hay de pensar en todas estas cosas.
