Hacía tiempo que las miradas estaban centradas sobre Álvaro Gijón en el asunto de la presunta trama de corrupción y extorsión en el seno de la Policía Local de Palma. Por si fuera insuficiente, su principal mentor político, José María Rodríguez, acabó de centrar la atención sobre él. El destino y los intereses políticos de ambos siguen corriendo parejos. En todos los sentidos.
Rodríguez negó la semana pasada ante el juez cualquier intervención personal suya en manejos de extorsión o protección interesada a empresarios en la Plata de Palma, con la Policía Local como instrumento. También que se hubiera beneficiado de favores sexuales. Cuando se le preguntó sobre la adaptación de una sección de los Grupos de Actuación Preventiva (GAP) a los intereses del PP, dijo que la creación de estas unidades fue iniciativa de Álvaro Gijón. Pero no logró dejar todo el peso de la responsabilidad sobre quien ha sido considerado su mejor delfín, porque el juez impuso como medida cautelar el establecimiento de un perímetro de protección para que Rodríguez, presidente del PP palmesano hasta julio, no pudiera acercarse a Cort en prevención de que influyera sobre los testigos que le acusan a él.
Con este estado de cosas, no puede extrañar la llamada del juez a Álvaro Gijón. Él mismo la daba por segura. Incluso se había adelantado pidiendo a los servicios jurídicos del Parlament que certificaran su condición de diputado. El rango de aforado hará que, en el caso de que hubiera lugar a tomar medidas contra él, tras su deposición ante el instructor, éstas corresponderán a la Audiencia.
Ha llegado el momento de desgranar cuál ha sido el verdadero papel de Gijón en los GAP. Se atribuye a Daniel Montesinos, un agente interino procedente de la Policía de Manacor, la instrumentalización de un grupo afín y al servicio del PP, con afiliación incluida. Varios testigos coinciden en señalar que el agente aludido ha alardeado de estar a las órdenes directas de Rodríguez y Gijón.
También es la oportunidad de esclarecer si, como apuntan otros testigos, se amañaron pruebas en la convocatoria para el ascenso de agentes. Gijón deberá explicarlo al juez Penalva el próximo 9 de septiembre, día para el que ha sido llamado.
Es un eslabón importante en el laborioso proceso de esclarecimiento de cuanto ocurrió en los grupos especiales de la Policía de Palma que actuaban en los locales de ocio de la zona costera. El alcalde José Hila manifiesta que está tranquilo y se muestra, como no podía ser de otra manera, colaborador con la Justicia. Es una actitud que en ningún caso resta gravedad al asunto, sobre todo cuando se ve que no cesan las cosas anormales. Se investiga también la desaparición de una pequeña cantidad de droga en una actuación sin atestado original.
