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Llorenç Riera

Limitación cautelar frente a Rodríguez

No ha sido una comparecencia estéril. La presencia de José Maria Rodríguez ante el juez desmantela su condición de intocable y le habrá obligado, cuando menos, a hacer balance y sacar conclusiones. "He examinado mi vida" aseguró ante el magistrado y los fiscales pero, de lo que ha trascendido de su declaración de ayer, en contraste con su trayectoria institucional y política, se desprende que solo cuenta algunos capítulos. Tampoco se le preguntó por todos.

El examen de conciencia que hace Rodríguez de sí mismo tiene distintas lecturas. Las conclusiones que él adelanta nada tienen que ver con las sospechas que fundamentan fiscales y jueces. Mientras, el PP no pasa de la portada de una biografía bajo grave sospecha, que le implica y afecta de lleno y que deberá asumir, cuanto antes mejor, si quiere hacer creíble la necesaria regeneración que propugna.

El hombre que lo ha sido casi todo en las instituciones de Balears salió ayer del juzgado con el refrendo cautelar de ser peligro reconocido para las instituciones. No es posible una mayor inversión de términos. Daremos por comprensible el asombro del afectado.

Quien ha tenido las mayores responsabilidades en seguridad como teniente de alcalde en Palma, conseller de Interior y delegado del Gobierno no puede acercarse, por disposición judicial, a menos de 300 metros de las dependencias municipales de la Policía, Actividades y Urbanismo. Tampoco a los "agentes honrados" y al funcionario que disponen de la condición de testigos protegidos.

Las medidas judiciales anti Rodríguez serán recurridas por el protagonista desacostumbrado a que se le vete el paso. Él lo niega todo. Se proclama incrédulo mientras fiscales, juez y acusación particular sostienen indicios suficientes para pensar que era el instigador en la sombra de una modulación interesada del Grupo de Actuación Preventiva de la Policía Local, para realizar extorsiones, actuaciones de conveniencia política y servicios a medida a empresarios de la Platja de Palma. Todo ello con la mediación de presuntos sobornos y el beneficio de servicios sexuales. Rodríguez mantiene que no ha realizado cosa semejante, pero distintos testigos afirman lo contrario y también fijan algunas acusaciones sobre Álvaro Gijón.

El fiscal sospecha por igual que el edil de Palma pudo contribuir de manera decisiva a diseñar una unidad policial de élite en beneficio del PP y no del servicio público. Por eso ha solicitado su citación como investigado, petición que, por lo menos de momento, no ha atendido el juez, pero la posición del ministerio público ha motivado que el equipo de gobierno de Cort volviera a reclamar el cese de Álvaro Gijón. Marga Durán se juega bastante en la decisión que tome al respecto. El hombre de confianza de José María Rodríguez parece destinado a seguir la misma senda procesal que su patrocinador. Se van quemando etapas de un largo recorrido demasiado tortuoso.

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