Los dos grandes partidos no tienen experiencia alguna de pactar sus programas con otras formaciones, de formar mayorías híbridas y por lo tanto resultantes de una transacción. Tanto el PP como el PSOE han sido rígidos en sus etapas de poder, y el consenso originario no pasó de la etapa fundacional: se practicó en los Pactos de la Moncloa y en el proceso constituyente, y cesó súbitamente a partir de entonces, con alguna escueta excepción como el Pacto de Toledo, que en realidad cuajó no por filantropía sino por el interés de las grandes organizaciones.
Esta indisposición al pacto está asomando ahora con preocupante intensidad. Puestos a hablar / negociar el Partido Popular y Ciudadanos, todo indica que el PP no piensa apearse en absoluto de sus grandes determinaciones: la absoluta preferencia del equilibrio presupuestario sobre el gasto social; la voluntad indeclinable de mantener una presión fiscal muy baja con el argumento de que sólo así se consiguen tasas apreciables de crecimiento; el axioma de que la mejor receta contra el desempleo es la más completa desregulación, sin la menor atención a los derechos laborales; el mantenimiento a ultranza de las diputaciones, grandes instituciones burocratizadas que facilitan el clientelismo y el control político; la insistencia en mantener un modelo arcaico de partido, que probablemente no cumpla el precepto constitucional del artículo 6 de la Constitución ("su estructura interna y su funcionamiento [de los partidos] deberán ser democráticos"); el rechazo a planes de asistencia social que resuelvan problemas concretos con el argumento insuficiente de que la mejor política social es la creación de empleo, etc.
En definitiva, la resistencia del PP a las propuestas de Ciudadanos, que estos últimos días ha endurecido la relación entre ambas formaciones y amenaza con la ruptura, proviene de que el PP, con sus 137 diputados, está decidido a mantener sus anteriores políticas sin cambios conceptuales, tan solo con alguna concesión a la formación que le aporta los 32 diputados restantes? y con algún gesto simbólico a quienes finalmente suministren el resto de los diputados que contribuyan, si llega el caso, a la mayoría absoluta. Con independencia de que parece cada vez más difícil que el PSOE haga alguna concesión al PP, es claro que el planteamiento de la formación que acaba de gobernar un cuatrienio con mayoría absoluta es sencillamente inaceptable: su estrepitosa caída en escaños y en votos debe interpretarse como una decisión del electorado en la dirección de obligar al poder a acentuar la equidad, la redistribución, la sensibilidad social, los derechos laborales, las políticas sociales de atención a la pobreza y a la infancia, etc. Y como una enmienda a la totalidad contra la política económica de austeridad que se ha impuesto con escalofriante frialdad a las necesidades reales de unas clases medias empobrecidas que reclaman atención y cuidado.
En otras palabras, no es fácil en cualquier caso que Rajoy consiga la investidura, pero la dificultad se agrava al observar que el PP no se ha percatado ni de su posición ni de los pasos que debe dar para conseguir los apoyos que necesita imperativamente para conservar el poder. Un poder en todo caso muy disminuido, y desde luego compartido con sus adversarios. Es posible que en estas circunstancias Rajoy y si equipo prefieran probar fortuna en unas terceras elecciones antes que someterse a la lógica parlamentaria emanada del 26J. Allá ellos, pero muchos tenemos la intuición de que se equivocan si piensan que a la tercera va la vencida: si el PP fracasa por su obstinación en el pacto con Ciudadanos y si no logra seducir al PSOE con concesiones significativas, es altamente improbable que la opinión pública premie la rigidez.
