Resulta notorio que en el escabroso asunto de las agresiones sexuales, especialmente por lo que afecta a los menores, se han producido sobradas sorpresas y disgustos en los últimos tiempos. El agresor sexual tiene gran capacidad de engaño y disimulo. Hasta que es pillado in fraganti, denunciado o los efectos de su comportamiento le delatan. Muchas veces ya es tarde, porque los efectos sobre la víctima dejan graves secuelas y condicionan su vida. Entonces solo cabe la exigencia de la responsabilidad penal y la actuación terapéutica. Siempre que sea posible, claro.
Resulta mucho más efectivo prevenir y analizar porqué tanto delincuente sexual anda suelto en parques, colegios y espacios de ocio y formación complementaria. La sociedad y la Administración parecen andar desconcertadas por igual, sin saber muy bien qué hacer. Los recursos legales constituyen una herramienta útil, aunque no definitiva, porque mientras haya algún tipo de alteración en la mente del agresor, nada se vuelve seguro y toda prevención es poca.
En España se está intentando sacar buena partida de las leyes sobre protección de menores y voluntariado social. También se ha establecido el Registro Central de Delincuentes Sexuales para tener cuando menos identificados de forma inequívoca a los condenados por esta causa. Las últimas disposiciones obligan a quienes trabajan con menores a acreditar que no están incluidos en esta listado de la vergüenza. Debe demostrarse la inocencia frente a una potencial culpabilidad, pero quizás la causa lo justifique porque se trata de los más vulnerables, los menores, y de unos delitos, los sexuales, especialmente escabrosos.
La gerencia territorial del ministerio de Justicia en Balears está desbordada. Lleva expedida la respetable cantidad de más de 13.000 certificaciones de carencia de antecedentes penales por causa sexual, es decir, acreditaciones de no haber atentado contra la intimidad y la libertad de las personas en este aspecto. Sus demandantes son docentes, médicos, catequistas, animadores de ocio, monitores y hasta conductores de autobús. Algunos claustros de profesores y clubes deportivos tramitan las peticiones de forma colectiva, lo cual contribuye a agilizar las cosas en ambas direcciones. La certificación, cuando menos, destierra sospechas del pasado y despeja indicios sobre actuaciones futura.
Habrá que reconocer también que, sin ser la solución definitiva, resulta un alivio para progenitores y para los profesionales o altruistas que trabajan con menores. Sin sospechas de ningún tipo sobre las espaldas, aunque sean injustificadas, se trabaja mucho mejor. Sobre todo en una época en la que han proliferado en demasía las agresiones de índole sexual padecidas por menores y que también repercuten sobre los adultos. Se arrastra una rémora considerable del pasado en este ámbito oscuro y callado. Basta recordar algunos los casos recientes más sonados. Habrá que seguir atentos en bien de la prevención imprescindible.
