Cuando las cosas estables, pero sensibles y delicadas, se trastocan sin fundamento suficiente, tienen serias dificultades para volver a su situación de origen o normalidad. Es lo que está pasando en la administración autonómica de Balears con el catalán. Resulta por igual una demostración de que, pese a lo avanzado, el despliegue normalizado de uno de los idiomas propios y oficiales de esta Comunidad presenta serias lagunas. Por tanto, necesita amparo y tutela legal.
La obsesión del Govern Bauzá por arrinconar el catalán y el empeño por acotarlo sobre espacios domésticos y privados, acabó causándole serios desgastes y problemas. Al ahora senador y a su partido, un PP que todavía permanece en la interinidad regional y a los ciudadanos. La sintonía con el administrado no era precisamente una cualidad en el Ejecutivo Bauzá.
Por lo que respeta a la estabilidad de la lengua catalana en los usos administrativos, los problemas no se han acabado con el cambio de inquilino en el Consolat de Mar. Al mérito le quedan todavía obstáculos por superar para volver a ser un requisito. Se ha visto de manera clara con la convocatoria de la plaza de director de informativos de IB3 televisión. No se le exige catalán, no hay soporte legal para hacerlo, pero "obviamente" sabrá catalán. ¡Cómo si faltara experiencia sobre lo que acostumbra a pasar con los confiados!
El Govern Armengol repusó en marzo pasado, a partir de una iniciativa parlamentaria de El Pi, la exigencia de conocer el catalán para acceder a un puesto de trabajo dependiente de la Administración Autonómica, después de que su predecesor hubiera rebajado el requisito establecido, en tiempos del president Antich, a la condición de mérito.
Sin embargo, transcurridos cinco meses, la actualización de la norma todavía no puede aplicarse. Falta el reglamento que la desarrolle. Se ha dicho qué se quiere, pero no cómo lograrlo. El Ejecutivo actual responde que el asunto pendiente estará listo en el plazo de un mes. Es un periodo apremiante cuando todavía falta el paso por la mesa sindical, el informe del Consell Consultiu y el trámite de la aprobación por parte del Govern.
De momento, el catalán sigue sin ser exigible a los trabajadores de las empresas, organismos y entes públicos dependientes de la Administración de Balears. Pero, mientras se espera que así sea, deberemos dar por sentado que lo lógico y normal es que los funcionarios públicos desarrollen por igual y de forma indistinta, su trabajo en los dos idiomas oficiales de la Comunidad. Es más, dada la situación de inferioridad, parece prudente que la lengua catalana sea objeto de discriminación positiva, porque a la Administración también le corresponde velar por el idioma propio, la cultura y el patrimonio. El problema que no está en la calle no puede permancer en la Administración.
