La negociación entre Ciudadanos y el PP está entrando en un ámbito difuso que hay que aclarar antes de que la ciudadanía termine desconfiando una vez más de la buena fe de los políticos: qué se entiende por corrupción y que correspondencias pueden establecerse entre este concepto y las figuras delictivas que hay que erradicar.
Corrupción, en política (no en Derecho), es cualquier práctica promovida por un cargo público que suponga el aprovechamiento malicioso de las funciones atribuidas o de los recursos públicos gestionados en beneficio ilegítimo de quienes toman las decisiones, de sus afines o de los partidos u organizaciones de que proceden. Sintéticamente, se debe entender como corrupción política el mal uso del poder público para obtener una ventaja indebida, dineraria o no. Es corrupto el político que prevarica para beneficiarse directa o indirectamente; el que recibe favores para allanar el camino a decisiones injustas; el que cobra comisiones de la contratación pública o las facilita a un tercero o financia de este modo a su partido; el que acepta y tramita una recomendación que lesionará la igualdad de oportunidades? Y también el que acata o aplica las leyes con displicencia y tibieza, orillando la legalidad.
Para traducir esta conceptualización a la praxis política, hay que tener en cuenta que el término corrupción no es riguroso pero sí expresivo, por lo que los pactos políticos para erradicar estas prácticas viciadas deben moverse más en el terreno político que en el jurídico (para depurar las ilegalidades ya están los tribunales). Y lo que debe decidirse porque no está decidido todavía es si en la represión de la corrupción que exige con énfasis la ciudadanía vamos a apartar sistemáticamente a los cargos públicos, representativos o no, cuando sean acusados formalmente de haber cometido cualquier delito de cierta entidad, o si solo vamos a hacer tal cosa en ciertos casos.
La definición de "corrupción" que está manejando Ciudadanos no es descabellada pero sí limitada y por tanto incompleta. Según los portavoces de esta organización, la "corrupción" requiere que el político se haya lucrado personalmente y/o que haya financiado irregularmente a su partido. Porque, como ha dicho el vicesecretario general del C's, Villegas, "hay que distinguir entre los políticos que hacen una "mala praxis" en la gestión y los que "meten la mano" en la caja. "Meter mano en la caja" es corrupción sin duda pero hay otra corrupción más sutil y peligrosa que queda fuera de semejante ordinariez.
Esta interpretación dejaría por ejemplo fuera de cualquier medida punitiva contra uno de los negociadores del PP, Fernando Martínez Maíllo, imputado por un juzgado de León por haber firmado, como miembro del Consejo de Administración de Caja España, la concesión de unos créditos en favor del presidente de la propia entidad financiera y que la justicia investiga por su presunta ilegalidad. Y a un diputado castellonense del PP que firmó pagos ilegales a proveedores desoyendo la opinión técnica de sus asesores. Habrá que ver si el rigor que se aplica de este modo es bastante para satisfacer la demanda social, que es muy exigente.
Sucede sin embargo que también los partidos "jóvenes" empiezan a tener biografía, y Ciudadanos exigió a Susana Díaz, para otorgarle el apoyo de sus nueve diputados autonómicos, la dimisión de Chaves y Griñán de sus cargos representativos, cuando ambos expresidentes de Andalucía ni se lucraron la honorabilidad de ambos está acreditada ni contribuyeron directa ni indirectamente a la financiación del PSOE por esta vía. Bien está, en fin, que Ciudadanos cambie ahora de opinión, pero si lo hace, sería de justicia reivindicar la memoria de ambos políticos que se fueron disciplinadamente a su casa después de ser vilipendiados por sus adversarios políticos. Muchos pensamos que debían irse, pero no de aquel modo.
