La Palma saturada de turistas no padece agobio de agentes de la Policía Local, aunque sí, como es sabido, de los escándalos que han protagonizado sus miembros. Residentes y visitantes no tropiezan estos días con los uniformados azules. Hasta es posible que, de topar con alguno, lo inmortalicen en una imagen sobre cualquier dispositivo. Lo escaso siempre atrae y llama más la atención que lo abundante.
Palma tiene a demasiados policías en el banquillo, en las salas de recuperación o en el mismo vestuario. Los escándalos de corrupción y la consiguiente investigación judicial no es ajena, ni mucho menos, a tan anómala situación. Ayer mismo, el juez dictó un auto con el que impide a los exintendentes Joan Mut y Antonio Morey acercarse al cuartel de Sant Ferran. Lo firmaba el día en que acababa su periodo de suspensión de empleo y sueldo.
Buena parte de los agentes encausados están en situación de baja laboral. Esto les permite por lo menos ingresar una parte de su sueldo, pero resulta que, entre una cosa y otra, ya son 113 los policías que tienen certificación médica para justificar su incapacidad laboral transitoria. A ellos hay que sumar los 400 que están disfrutando de su periodo de vacaciones, días libres o servicios especiales. Resulta llamativo que en pleno periodo estival, cuando la ciudad necesita mayor asistencia y guía policial, cerca de la mitad de su cuerpo de agentes esté de descanso reglamentario. Las necesidades del servicio y los derechos laborales requieren mejor consenso para que los policías puedan trabajar con eficacia y los ciudadanos servirse de su actuación.
Ahora no es así, especialmente en todo lo relativo a los grupos operativos como el servicio de protección de víctimas de malos tratos. La oficina de denuncias ha permanecido cerrada durante algunos días, las llamadas de auxilio ante la proliferación de ruidos prácticamente caen en saco roto y conseguir que la Policía acuda con prontitud ante la invasión de un vado es cuestión de fortuna antes que de eficacia estable. Son los ejemplos más llamativos de una falta de recursos manifiesta. La Policía de Palma apenas puede disponer hoy de la mitad de una plantilla de 891 componentes. Los 50 agentes interinos contratados son claramente insuficientes para paliar la situación de precariedad que se vive.
La realidad es tan extraña que la Policía de Palma ha acabado siendo víctima de sí misma y del lastre de las irregularidades cometidas por un sector de sus componentes. La ciudad paga y padece las consecuencias de todo ello. Queda todavía mucho trecho para recuperar la normalidad elemental. Deberá empezar por dejar constancia, sin pretextos y con hechos, de la voluntad personal y colectiva de no entregarse a actuaciones diferentes de las que se corresponden con el servicio público profesional.
