Supongamos por un momento que se cumple la voluntad de PP y C's. Tras el sí forzado del Partido Popular a las imposiciones de Albert Rivera un totum revolutum de condiciones muy heterogéneas y de tanta vistosidad como dudoso alcance, está comenzando ahora una negociación entre las dos formaciones de centro derecha para superar la investidura, que en todo caso dependerá de la abstención del PSOE.
A partir de aquí, Rajoy encabezaría un gobierno apenas respaldado por 137 diputados, con la posibilidad de llegar a contar con 169 votos afirmativos en aquellas cuestiones en que consiga un acuerdo con Ciudadanos, organización que bajo ningún concepto estaría dispuesto a formar parte del Ejecutivo. La posición personal de Rajoy sería sin embargo sólida porque en nuestro sistema parlamentario rige la llamada moción de censura constructiva (artículo 113.2 de la Constitución), que obliga a incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno; resultaría muy difícil que PSOE y Podemos se pusieran de acuerdo entre sí y con Ciudadanos (o con los soberanistas) en un sustituto de Rajoy.
Las primeras decisiones económicas que el hipotético nuevo gobierno deberá impulsar son el techo de gasto, el plan de estabilidad y los presupuestos generales del Estado. La aprobación de la ley presupuestaria será la piedra de toque de la capacidad del nuevo ejecutivo para gobernar: aunque los objetivos macroeconómicos vienen marcados por Bruselas, parece lógico pensar que la oposición política, incluido C's siquiera en parte, pretenderá una especie de enmienda a la totalidad a las políticas practicadas por el PP desde 2011. ¿Y habrá modo de encontrar, en un clima de desentendimiento general, el punto de equilibrio susceptible de plasmarse en la ley presupuestaria? Hay muchas dudas sobre ello.
De hecho, toda la tarea legislativa de la nueva etapa requerirá un consenso que desborde el simple acuerdo PP-C's. Y si se piensa que el célebre pacto PSOE-C's "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso", con siete grandes epígrafes y 67 páginas suponía una reversión casi integral de las anteriores políticas populares, es difícil imaginar que ahora el proceso político pueda avanzar mediante un acuerdo de partida PP-Ciudadanos al que tendrá que adherirse el PSOE. Aquel acuerdo sobre el que se basó la investidura de Sánchez empezaba proponiendo "un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y eficiente"; ¿estaría de acuerdo el PP en virar el rumbo y en reconocer indirectamente que su política económica de salida de la crisis no fue lo bastante inclusiva? El último de los siete puntos se titulaba así: "Reformar la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado"; ¿cabe imaginar que Rajoy se adheriría a una propuesta así enunciada?
En definitiva, si cuajan los esfuerzos de Ciudadanos y termina cediendo a las presiones el PSOE es posible que Rajoy resulte investido. Pero ¿cómo gobernará? ¿Qué híbrido ideológico resultará de la suma del ideario popular, el reformismo de Ciudadanos y la propensión socialdemócrata de un PSOE más interesado en reconstruirse que en servir de báculo a sus antagonistas?
Es indudable que necesitamos imperativamente un gobierno estable, pero no es ni mucho menos seguro que la solución sea la de investir a Rajoy, sin más apoyos que los muy escépticos y condicionados de Ciudadanos y el respaldo puntual de un PSOE que no va a apoyar las políticas posteriores. La gobernabilidad no pasa por la investidura sino por la conquista por el Partido Popular de adhesiones externas. Que cada cual lea esta afirmación en la clave que le parezca oportuna.
