Como tengo previsto acabar esta columna poniéndome una medalla, comenzaré dándome un coscorrón. Hace seis años escribí que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro serían un completo éxito, y antes que concluyan ya puedo avanzar que me equivoqué. Estaba convencido de que la ciudad aprovecharía esa oportunidad histórica para resolver, o al menos mejorar, algunos de sus principales problemas, y es obvio que no ha sucedido. Es cierto que se ha conseguido regenerar las aguas de la laguna Rodrigo da Freitas, pero la bahía del Guanabara continúa siendo un estercolero marino. No hay rastro del proyecto de regeneración urbanística que el alcalde Eduardo Paes pretendía impulsar en la zona portuaria, y la mayoría de cariocas no tienen oportunidad ni de atisbar el ochenta por ciento de las infraestructuras construidas para la ocasión en Barra de Tijuca, a más de cuarenta kilómetros del centro urbano. Pero eso no es lo peor, ni mi mayor fracaso en el vaticinio que hice en 2010 en esta misma página, cuando en un ataque de optimismo llegué a escribir que la seguridad quedaría garantizada.
El gobierno de Brasil ha dedicado ingentes recursos a pacificar las favelas y reducir el crimen organizado. Y sería injusto no reconocer que ha logrado avances y obtenido éxitos importantes en la lucha contra las principales bandas de narcotraficantes. Pero persiste un nivel de delincuencia que no se explica únicamente por causas económicas. Existe un punto de no retorno en que la violencia termina echando raíces en una sociedad con una normalidad alarmante. Se incorpora al comportamiento social, y condiciona los hábitos de una población que aprende a convivir con ella. Aunque nos duela reconocerlo, con la corrupción sucede exactamente lo mismo. En Balears, sin ir más lejos.
Una sociedad tiene que tenerlos muy bien puestos para aplaudir unánime un impuesto que sólo pagan los turistas, alojar de manera alegal a decenas de miles de ellos para obtener unos ingresos que a menudo no se declaran a Hacienda, explicar a esos mismos turistas en la publicidad de sus alojamientos que no van a tener que pagar la ecotasa gracias a un vacío legal, y seguidamente protestar todos a una por la saturación humana, por las carreteras colapsadas, porque no hay mesa en los restaurantes ni sitio para colocar la toalla en la playa. De verdad, hay que echarle unos bemoles tremendos para evacuar semejante discurso, y encima asumirlo colectivamente con total normalidad. Yo no sé a dónde han ido a parar ahora los defensores de "socializar los beneficios del turismo", que se presentaban a sí mismos como una moderna franquicia de Robin Hood, dispuestos a robar a los ricos lo que era del pueblo. Son los mismos que hoy nos anuncian que hemos alcanzado el límite en turismo, y que llegamos tarde al debate. De acuerdo, pero de paso nos podrían explicar los motivos del colapso y la tardanza.
El adanismo político nos presentaba la economía colaborativa como la panacea universal, un nuevo mundo de relaciones económicas mucho más justo y equitativo. Creo que incluso llegué a escuchar la palabra sostenible. Ahora algunos le están dando palos a Ada Colau por sancionar a los que infringen la ley en Barcelona, y a las webs que se forran comercializando alojamientos turísticos al tiempo que generan graves problemas ambientales y de convivencia social. Incluso ha animado por carta a los vecinos a denunciar estas prácticas. Pues bien, a mi me parece lo más sensato que ha hecho esta mujer desde que es alcaldesa. Lo que viene a demostrar que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Más que el turismo, lo que está llegando a un límite inaceptable es el nivel de hipocresía colectiva. Para que la oferta de alojamiento no reglada crezca en nuestra comunidad un 127% en los últimos quince años, son miles los ciudadanos que tienen que participar en ese juego. Algunos por necesidad, claro, pero la mayoría buscando un lucro sencillo de obtener, pero de consecuencias a medio plazo fácilmente previsibles. Algunos lo veníamos advirtiendo públicamente hace años, con poco éxito y cierto coste personal. Resulta curioso observar cómo los que más atizaron aquel fuego contra un ley que no permitía el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares como lógica precaución ante un exceso de oferta, son ahora los que aprovechan para volver al discurso pueril e irresponsable que demoniza el turismo.
Ya digo que erré en el vaticinio sobre la seguridad en Río de Janeiro, pero me arriesgaré a otro pronóstico más cercano. En unas semanas disminuirá el flujo de turistas que todo lo invade. El debate perderá fuerza en los medios. Volveremos a escuchar generalidades y tonterías varias, y en los próximos meses se acometerá una reforma en profundidad de la ley de Turismo. El revoltijo de competencias autonómicas, insulares y municipales, y los diferentes intereses políticos o sea, electorales de los partidos que gobiernan impedirán meterle mano en serio al alquiler turístico. Así que, para salvar el papelón y disimular la incapacidad, se volverá a legislar contra el único colectivo capaz de poner a todo el mundo de acuerdo: los hoteleros. Y así, si el terrorismo lo permite, en Balears seguiremos pulverizando récords el verano que viene.
