La tercera precondición impuesta por Albert Rivera al Partido Popular para avenirse a negociar la investidura es, como se sabe, la reforma de la ley electoral. En su exposición, el líder de Ciudadanos explicó las tres condiciones que debería reunir la mudanza: listas desbloqueadas, mayor proporcionalidad y el final del voto rogado.
La propuesta no es nueva: Ciudadanos ya la enunció en 2009, mediante un documento que todavía está accesible en la red. Y el desarrollo es este: "Implantación un sistema de reparto de escaños más proporcional. El número de diputados aumentará hasta los 400. De ellos, 350 serán elegidos en lista provincial con voto preferente según el método D'Hondt. A cada provincia le corresponderá un escaño como mínimo (más uno para Ceuta y otro para Melilla), y el resto se asignarán de forma proporcional a la población. Los cincuenta escaños restantes serán escogidos en lista nacional cerrada y bloqueada sobre la agrupación de restos (votos no traducidos en escaño) de cada partido en las distintas provincias. Los votos en blanco se contabilizarán como los de cualquier otro partido y los escaños que correspondan en el reparto serán dejados vacíos". La apertura de las listas electorales se llevará a cabo a través de la implementación del "voto preferente mediante el cual el ciudadano puede mostrar preferencia (o rechazo) por determinados candidatos integrantes de la lista, al margen de la posición que tengan en la papeleta".
En el programa electoral previo al 20D, Ciudadanos propuso una reforma más ambiciosa, calcada del modelo alemán: se propone que la mitad de los diputados (175), se asignarán a circunscripciones de elección unipersonal, lo que obligará a trazar 175 nuevas circunscripciones, de unos 230.000 habitantes cada una. Este punto es el más controvertido ya que se abandona el modelo provincial y se entra en un terreno pantanoso de división artificial del territorio. Los restantes 175 escaños se asignarán a las listas presentadas en la circunscripción nacional, y se establecería un mínimo del 3% estatal para poder optar al reparto proporcional. Ese porcentaje obtenido en la lista nacional es el que determinará el número de escaños que corresponde a cada partido en el Congreso.
Lo curioso es que este modelo que ahora resucita no fue incluido en el "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" que suscribieron PSOE y Ciudadanos tras el 20D y sobre el que se sustentó el intento fallido de investidura de Sánchez. En este documento, y con el título "Reforma del sistema electoral", las ideas se enuncian vagamente pero no se desarrollan, y así se propone "mejorar la proporcionalidad" y "establecer para la elección de diputados un sistema de listas desbloqueadas que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios".
La reforma parece sencilla pero no lo es en absoluto y, desde luego, deberían olvidarse PP y C's de intentarla si no se plantea en el marco de un gran consenso que roce la unanimidad (el contrato social de Rousseau y exige como es sabido la plena coincidencia en el origen). Y será muy difícil evitar la confrontación que se va a suscitar: PP y PSOE pretenderán seguramente mantener su actual statu quo que les privilegia, puesto que siguen siendo los primeros del ránking de partidos y obtienen los escaños más "baratos" que los siguientes en al lista; en cambio, Ciudadanos y Podemos intentarán reforzar la proporcionalidad en su propio beneficio y en contra del interés de los grandes partidos. En un contexto de reformas profundas, quizá este cambio consiga imponerse pero son previsibles algunas denodadas resistencias.
