El tránsito monetario en la Unión Europea que no logra dignificar el movimiento de las personas, sigue presentando muchos vericuetos, brechas y puntos oscuros. En medio de ella, Suiza continúa constituyendo una laguna más densa y gélida que las de los Alpes. Mientras se espera que venzan los plazos que deben acabar con el secreto bancario, el dinero negro mantiene sus posibilidades de mejorar el calibre de su opacidad en el extranjero y, frente a todo ello, permanecen abiertas las disputas legales y fiscales. También algunos cuestionamientos morales, aunque no demasiados, porque los escrúpulos no proliferan en el mundo de los depósitos bancarios con sede diferente a la de sus titulares.
El día en que Hervé Falciani decidió divulgar la lista con los datos de los 120.000 defraudadores fiscales que había logrado recopilar entre 2006 y 2008, se convirtió en héroe y villano a la vez. Era un traidor para la gran banca, especialmente para el HSBC en el que trabajaba como informático cualificado y, por otro lado, empezó a ser considerado un ciudadano ejemplar por parte del fisco de distintos países europeos y colectivos cívicos o sociales. Por eso su vida se ha movido desde entonces entre las peticiones de extradición por parte de las autoridades suizas y la protección de otras, como las españolas.
Por supuesto, en la lista Falciani figuran españoles, unos 24.000, según los datos que han trascendido. Pero solo se ha actuado fiscalmente contra 659. Entre ellos está un matrimonio de empresarios extranjeros residentes en Mallorca que disponían de un depósito de 331.334 en el HSBC de Suiza. Su descubrimiento les ha supuesto una multa de menos de 2.000 euros por parte de la Hacienda española. Pero no hubo conformidad por parte de los afectados, lo cual desembocó en una demanda judicial por presunta violación de la intimidad y obtención ilícita de datos bancarios. La Audiencia Provincial ha fallado y lo ha hecho, como era presumible, en la línea marcada por la Audiencia Nacional. El alto organismo ya había dejado claro que la confección y difusión de la lista Falciani no suponía la vulneración de ningún derecho fundamental. Es la misma razón por la que España no ha concedido la extradición de su autor y ha dado por buena la documentación fiscal que en su día le transfirió Francia.
Los demandantes residentes en Mallorca habían negado primero los hechos que se les imputaban y después la validez del método utilizado para obtener el contenido de su cuenta en Suiza. Pero la justicia española se ha basado en la corrección de los nombres, la profesión y los domicilios de los imputados.
La cuestión es que en el derecho español no existe protección específica del secreto bancario, lo cual no supone una afrenta para la privacidad de las personas, con respecto a lo que ellas no quieran divulgar. Con el mismo criterio se avala la actuación de Hervé Falciani y se viene a reprobar la política bancaria en cuanto a ocultación de dinero opaco.
