El "Plan Chamartín" es un proyecto de urbanización de una amplia zona del norte de la ciudad de Madrid, donde hasta hace poco existió un desarrollo ferroviario que ha dejado paso a un vasto solar. Dicho proyecto fue acordado por el ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento y el proyecto del Distrito Castellana Norte (DCN), cuyos promotores son el BBVA y Constructora San José. Y ahora el proyecto se ha paralizado porque el ayuntamiento de Madrid, actualmente gobernado por Manuela Carmena, que en enero de 2015 acordó aprobar el plan parcial que permitiría el nuevo desarrollo, se ha vuelto atrás, con los votos de Ahora Madrid y del PSOE. Un nuevo plan del ayuntamiento reduce a la mitad las casi 18.000 viviendas previstas, lo que descuadra el proyecto y lo vuelve inviable.
Son saludables las discrepancias ideológicas que redundan en concepciones distintas del desarrollo urbano, pero en una democracia madura el urbanismo no se puede reducir a un constante tejer y destejer. Y si se formalizó un plan, con evidentes y graves implicaciones económicas, que contaba con el apoyo de todos los actores, no es razonable interrumpirlo in extremis, lo que provocará unas reclamaciones y unas indemnizaciones que acabarán pagando todos los madrileños. Ya se habla de un coste de más de 820 millones para las arcas públicas.
El pluralismo es sagrado, pero la seguridad jurídica también. Y ambos son compatibles.
